Las autoridades mexicanas detuvieron a una funcionaria municipal vinculada al asesinato del alcalde Carlos Manzo, quien fue reconocido por su lucha abierta contra el crimen organizado en el estado de Michoacán. La secretaria de Bienestar de Uruapan, Rosa Alejandra Vargas, fue aprehendida por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento, según informaron los fiscales estatales de Michoacán.

El alcalde Manzo fue asesinado en noviembre del año pasado en la ciudad de Uruapan, durante los festejos del Día de Muertos. Su muerte desató una ola de protestas y furia a lo largo de todo México, al tratarse de un funcionario que se había convertido en un símbolo de resistencia contra el poder de los cárteles.

La detención de Vargas se produjo después de que la funcionaria incumpliera las citatorias de los investigadores. Además, se estableció que Vargas tiene parentesco con varias de las personas que ya habían sido detenidas en el caso.

Manzo, de 40 años, se había ganado la reputación de cruzado contra el crimen organizado en el conflictivo estado de Michoacán. Su asesinato encendió enormes manifestaciones antigubernamentales en el país, especialmente en Uruapan, ubicada a 400 kilómetros al oeste de la Ciudad de México.

Las investigaciones indican que el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ordenó el ataque en contra de Manzo. Hasta el momento, las autoridades han detenido a 34 personas por su presunta participación en el homicidio del alcalde.

Manzo se convirtió en uno de los al menos 13 alcaldes asesinados en todo México durante los dos primeros años de administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta cifra se compara con 23 alcaldes en funciones asesinados durante los seis años de la administración anterior, según datos de organizaciones de la sociedad civil.

Los asesinatos políticos representan un desafío para la administración de Sheinbaum, especialmente en un contexto en el que el gobierno de Estados Unidos presiona por un mayor combate al narcotráfico y a la corrupción en los gobiernos locales.

La violencia política ha sido históricamente parte del conflicto con los cárteles en México, aunque rara vez alcanza los más altos niveles del gobierno. Más bien, los cárteles atacan a líderes locales, ya sea corrompiéndolos o asesinando a quienes se interponen en su camino, del organismo de investigación denominado Narcopolíticos.

«No solo mataron al alcalde, mataron a la persona que estaba liderando esta lucha contra los cárteles, un líder simbólico», declaró Meza.

En Uruapan, el asesinato de Manzo sembró el miedo y la incertidumbre dentro de su movimiento opositor de base, el Movimiento Sombrero, donde pasó de líder a mártir. El trasfondo del caso alimentó una pugna política que dividió al estado de Michoacán sobre quién estaba detrás de su muerte. Al mismo tiempo, la ciudad ha sido marcada por un estallido reciente de violencia mientras algunos critican a Quiroz, quien es señalada por no haber continuado la lucha de su pareja contra el crimen.

Manzo había enfrentado críticas por sus tácticas contundentes, que se convirtieron en parte central de su imagen como alcalde, junto con el sombrero blanco que siempre llevaba. Entre sus acciones destacadas estaba la instrucción pública a la policía para usar fuerza letal contra criminales que resistieran el arresto o atacaran a civiles. Además, dirigía personalmente patrullas, búsquedas y detenciones, instaba a los padres a denunciar la actividad criminal de sus hijos y publicaba en sus redes sociales los enfrentamientos con criminales.

«Estamos luchando para limpiar esta mugre que nos está matando a todos», dijo Manzo en uno de sus videos.

Aquellos cercanos a Manzo temían desde hacía tiempo que su campaña contra los grupos criminales terminaría inevitablemente del mismo modo en que terminó: con una bala en el pecho.

En Michoacán, donde los cárteles a menudo ejercen más influencia que el gobierno, Manzo ganó notoriedad política al llevar la lucha contra los cárteles por sus propias manos y desafiar abiertamente al partido gobernante Morena hasta la semana de su muerte.

El caso sigue abierto, con 34 detenidos y la reciente detención de la secretaria municipal acusada de encubrir el crimen. La investigación continúa avanzando para determinar el alcance total de la red involucrada en la muerte del alcalde de Uruapan.