Un juez de control federal de la Ciudad de México terminó el fin de semana con el expediente en blanco y las esposas puestas —literales— en Colombia. Luis Benítez Alcántara, de 49 años, fue detenido el domingo por agentes estadounidenses en suelo colombiano, acusado de aceptar un soborno de 2 millones de dólares para conseguir la liberación de Ryan Wedding, narcotraficante conocido como 'El Chapo canadiense'.

La detención se realizó como parte de un caso vinculado a la red de tráfico de cocaína presuntamente dirigida por el exesquiador olímpico de snowboard, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado. El FBI lideró la operación, que lo atrapó con nueve cargos penales en contra de él, entre ellos el de ayudar al narcotraficante con el fin de obstaculizar o impedir su detención.

El soborno fue supuestamente entregado por Andrew Clark, segundo al mando de la organización de Ryan James Wedding. Benítez era juez de un tribunal de distrito en Ciudad de México, adscrito a los juzgados federales del Reclusorio Sur.

Estados Unidos solicitará la extradición del juez desde Colombia y Benítez podría enfrentar hasta 15 años de prisión federal por cada uno de los cargos, según el comunicado oficial.

Pero lo que hace que esta historia pese aún más es el historial del juez antes de la detención. Benítez Alcántara era conocido por sus fallos polémicos en varios de los casos más delicados del país. Se encontraba a cargo de casos emblemáticos como Emilio Lozoya, La Estafa Maestra y, especialmente, el caso Pegasus.

En el caso Pegasus, el juez Benítez Alcántara absolvió el 12 de enero de 2024 a Juan Carlos García Rivera, el único detenido por el caso de espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, decisión que fue ratificada por un tribunal superior.

En esa resolución, el juzgador acusó a la Fiscalía General de la República de no haber cumplido los estándares para acreditar el delito en perjuicio de la periodista Carmen y atribuidos al exempleado de la compañía de seguridad KBH.

Además, este mismo juez se negó a girar una orden de aprehensión en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga por defraudación fiscal. Irónicamente, el empresario fue detenido el año pasado en Estados Unidos por autoridades migratorias. La semana pasada se dio a conocer que la esposa del empresario, Inés Gómez Mont, fue detenida por las mismas autoridades en Florida.

La FGR había solicitado la orden de captura de Luis Benítez por una presunta defraudación fiscal de un millón 648 mil pesos, un monto que en retrospectiva palidece frente al soborno de 2 millones de dólares que ahora se le atribuye.

El juez Benítez Alcántara tiene poco más de 10 años como juzgador y fue ratificado por el Órgano de Administración Judicial en 2024. No fue parte de los impartidores de justicia electos por voto popular en la elección judicial de junio de 2025.

De hecho, el Órgano de Administración Judicial ya borró de sus plataformas digitales toda la información relacionada con el juez, por lo que no se sabe si actualmente contaba con algún procedimiento administrativo derivado de sus decisiones judiciales. La información desapareció más rápido que la propia honestidad del funcionario.

Lo que queda claro es que el sistema judicial mexicano acaba de recibir otra bofetada a la cara. Un juez que absolvía espionaje, negaba órdenes de aprehensión a empresarios y ahora resulta que cobraba sobornos millonarios al servicio del crimen organizado transnacional. La justicia sigue esperando su turno en la fila.