La Corte Suprema de Estados Unidos se negó el lunes a revisar la decisión del exsecretario de Defensa Lloyd Austin de cancelar los acuerdos de culpabilidad con Khalid Sheikh Mohammed y dos acusados más por planear los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Al denegar las solicitudes de revisión, el máximo tribunal dejó en pie el fallo de una corte de apelaciones del año pasado, que determinó que Austin, quien trabajó en la administración del exmandatario Joe Biden, tenía de manera "indisputable" la autoridad para revocar los acuerdos, los cuales habían retirado la pena de muerte de la mesa para los tres supuestos conspiradores.

La determinación devuelve el caso a manos de los tribunales militares, que durante años han luchado por establecer una fecha de juicio. Este ha sido un plagado de retrasos y controversias que se extiende desde hace más de dos décadas.

Los acuerdos de culpabilidad habían provocado un repudio por parte de algunos grupos que representan a las víctimas del 11-S y sus familias, quienes consideraban que los tratos eran un trato demasiado favorable para los acusados.

En recursos separados, Mohammed, Mustafa al Hawsawi y Walid Bin 'Attash argumentaron ante el tribunal que la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia había excedido su autoridad al respaldar la postura del gobierno en el caso.

Steve Vladeck, analista legal y profesor del Georgetown University Law Center, que presentó un escrito de amigo del tribunal instando a los jueces a revisar los recursos, se pronunció sobre las implicaciones de la decisión:

"El efecto práctico de las denegaciones de certiorari de hoy es despejar el camino para que los inexorables procedimientos previos al juicio continúen en estos casos."

"Sería una cosa si un juicio fuera razonablemente probable en un futuro cercano, pero incluso la fecha actual de juicio en el verano de 2028 es totalmente irrealista dado cuántos asuntos quedan por resolver."

Los juicios contra Mohammed y los otros dos acusados han sido pospuestos durante años, ya que múltiples administraciones presidenciales han intentado determinar cómo abordar la cuestión de la tortura de personas en prisiones de la CIA, así como la pregunta de si la evidencia obtenida mediante tortura era admisible en un tribunal.

Los acuerdos previos al juicio se anunciaron en 2024, tras más de dos años de negociación. Los acuerdos exigían que los acusados se declararan culpables de todos los cargos en su contra y participaran en una audiencia pública de sentencia en la que estarían obligados a responder preguntas de familiares y sobrevivientes del ataque del 11 de septiembre de 2001.

Austin revocó abruptamente esos acuerdos, asegurando que una decisión de tal magnitud "debería recaer en mí". La administración de Trump ha continuado defendiendo la decisión de Austin de cancelar los tratos.

Un juez militar encargado de los juicios de los tres hombres dictaminó en 2024 que los acuerdos de culpabilidad eran "válidos y ejecutables". Sin embargo, una corte de apelaciones militar falló en contra de Austin pocas semanas después.

El juez Brett Kavanaugh se abstuvo de participar en la consideración del caso.