Un operativo conjunto entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y las autoridades colombianas derivó en la detención de Luis Benítez Alcántara, juez federal mexicano, el pasado domingo 1 de noviembre, acusado de recibir sobornos millonarios vinculados a la organización del narcotraficante canadiense Ryan James Wedding, conocido como "El Chapo canadiense".

Benítez Alcántara, quien se desempeñaba como juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, aceptó 2.75 millones de dólares a cambio de otorgar una fianza y ordenar la liberación de Andrew Clark, el segundo al mando de la organización de Wedding.

"El FBI y nuestros socios han arrestado a Luis Benítez Alcántara, un juez mexicano que presuntamente aceptó sobornos y usó su cargo para ayudar al exfugitivo más buscado del FBI, Ryan James Wedding, y a sus asociados".

Así lo declaró Kash Patel, director del FBI, al confirmar el arresto de la autoridad judicial mexicana en territorio colombiano.

El mecanismo de la presunta corrupción judicial quedó documentado por las agencias estadounidenses con precisión escalofriante. Andrew Clark fue detenido en octubre de 2024 en México y, tras su captura, compareció ante el propio Benítez Alcántara, quien estaba a cargo de supervisar el de extradición.

Lo que vino después habla de un sistema dispuesto a negociar con la justicia: en los días siguientes a la comparecencia, intermediarios de Clark transfirieron 2.75 millones de dólares al juez en pequeñas cantidades para conseguir su liberación, de acuerdo con la investigación estadounidense.

Para febrero de 2025, el juez ya había recibido la cantidad acordada. Posteriormente solicitó el cambio de la medida cautelar de Clark y ordenó su liberación. Sin embargo, la libertad del segundo al mando duró poco: días después fue arrestado nuevamente y extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, asesinato e intento de asesinato.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Luis Benítez Alcántara enfrenta nueve cargos por presunta complicidad para ayudar a un criminal y obstaculizar o impedir su aprehensión, juicio o castigo. De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión por cada uno de los cargos.

La trayectoria de Benítez Alcántara dentro del aparato judicial mexicano hace todavía más grave la acusación. Ejerce como juzgador federal desde octubre de 2018 y se ha desempeñado como juez de distrito especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Además de su labor como juzgador, Benítez Alcántara ejerció como instructor e impartió cátedra en materias relacionadas con el Derecho Penal y la formación judicial, de acuerdo con su currículum disponible en la página del Consejo de la Judicatura Federal.

El caso reabre preguntas urgentes sobre los controles internos de integridad dentro del Poder Judicial mexicano y sobre la capacidad de las autoridades nacionales para perseguir la corrupción en los niveles más sensibles del sistema de justicia.