Las víctimas de pederastia clerical en Bolivia dieron un paso contundente al presentar una denuncia canónica ante el tribunal eclesiástico de la diócesis de Cochabamba, en la que piden al Vaticano la excomunión de dos altos cargos jesuitas, Marcos Recolons y Ramón Alaix, señalados por encubrir las agresiones sexuales que el sacerdote español Alfonso Pedrajas, conocido como Padre Pica, cometió contra decenas de niños entre 1972 y comienzos de los años 2000 en el colegio Juan XXIII de Cochabamba.

El documento canónico acusa a ambos religiosos de «encubrimiento doloso» y de haber contribuido a la impunidad de los agresores, al no haber denunciado los hechos a la justicia ordinaria pese a su deber legal y canónico de protección de menores. Además de la excomunión, las víctimas solicitan la expulsión de ambos del estado clerical y la prohibición perpetua de ejercer cualquier oficio eclesiástico o ministerio dentro de la Iglesia.

Los querellados no denunciaron los hechos a la justicia ordinaria, incumpliendo su deber legal y canónico de protección de menores. La conducta de los querellados constituye encubrimiento doloso y contribuyó a la impunidad de los agresores y a la continuación de los abusos.

La querella llega meses después de que la justicia boliviana condenara a Recolons y Alaix a un año de cárcel por encubrir las agresiones sexuales de Pedrajas. La sentencia estableció que ambos «facilitaron, protegieron y encubrieron sistemáticamente los abusos sexuales contra menores», así como que «posibilitaron la continuación de dichos crímenes y la impunidad de otros agresores de la misma congregación».

La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, organización que representa a los afectados, se apoya en el fallo penal para sostener su querella canónica, además de incorporar como prueba el trabajo periodístico que destapó el caso en abril de 2023.

El obispo de Cochabamba, Oscar Omar Aparicio, deberá notificar la existencia de la denuncia al Vaticano. En caso de que Roma dé luz verde, se abrirá una investigación preliminar del caso conforme al derecho canónico y a las reformas en la norma impulsadas por el papa Francisco en 2019.

El caso de Pedrajas, fallecido en 2009, salió a la luz en 2023 tras publicarse un diario en el que el propio sacerdote admitía haber abusado de decenas de niños mientras sus superiores lo protegían. La revelación provocó un terremoto institucional en Bolivia: el procurador general del Estado, la Fiscalía General, el Ministerio de Justicia y el propio presidente Luis Arce anunciaron una gran investigación, y la policía registró las sedes de los jesuitas, requisando numerosos documentos que demostraron el encubrimiento de Pedrajas y de otros pederastas con la complicidad de los responsables de la orden en España y bajo conocimiento de altas esferas jesuitas en Roma.

Desde entonces, se han destapado los casos de una docena de jesuitas acusados de abusar de menores entre los años sesenta y la primera década de los 2000. Entre ellos se encuentran Chesco Peris, el arzobispo español en Bolivia Alejandro Mestre y Lucho Roma, quien —al igual que Pedrajas— escribió un diario conocido como Los Manuscritos de Charagua, donde relataba cómo agredió sexualmente y fotografió a más de 70 niñas guaraníes en el poblado de Charagua a finales de los 90. La Compañía de Jesús investigó este caso —el jesuita, aún vivo, confesó todo— pero acabó guardando el informe en un cajón para tapar el escándalo.

La gestión de la Iglesia boliviana ante el escándalo ha sido calificada de nula. Cuando se publicó la investigación periodística, la Conferencia Episcopal anunció que haría una auditoría interna, pero hasta la fecha no ha publicado con transparencia los resultados. La Compañía de Jesús en Bolivia adelantó lo mismo, pero tres años después no se ha movido nada. Si bien la orden ha reconocido la mayoría de los casos publicados, tanto los hechos como su encubrimiento, no ha pagado ninguna reparación económica a los afectados.

La sentencia contra Recolons y Alaix recoge que la Compañía debe abonar una indemnización a las víctimas, pero la institución religiosa ha recurrido el fallo y las víctimas están a la espera de la resolución final.

La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes también mantiene procedimientos judiciales contra otros tres provinciales de la orden, entre los que se encuentra el actual, Bernardo Mercado, ya imputados por encubrir otros casos de pederastia. Algunos de estos responsables aparecen en la documentación requisada por la policía boliviana como conocedores de casos de abuso, incluido el de Pedrajas, y como artífices de los traslados de destino de los agresores para tapar el escándalo.