El Tribunal Eclesiástico de Cochabamba recibió este miércoles 28 de octubre una querella formal presentada por la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) que busca la excomunión y la dimisión perpetua del estado clerical de dos sacerdotes jesuitas: Marcos Recolons de Arquer y Ramón Alaix Busquets.

El recurso jurídico-canónico ha sido interpuesto para que lo resuelva el Monseñor Oscar Omar Aparicio Céspedes, y se sustenta en la sentencia penal dictada por la justicia boliviana el 24 de abril de este año, la cual determinó que ambos exprovinciales son culpables por el delito de encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por el difunto sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas Moreno en el internado Juan XXIII de Cochabamba.

La querella detalla los delitos eclesiásticos imputados a los acusados:

• Encubrimiento de delitos contra el sexto mandamiento cometidos por otro clérigo.
• Absolución de un cómplice en un pecado contra el sexto mandamiento con un menor.
• Abuso de la potestad eclesiástica.
• Delitos contra la dignidad humana, por haber facilitado, protegido y encubierto sistemáticamente los abusos sexuales contra menores cometidos durante más de tres décadas.

Los acusados permitieron la continuación de dichos crímenes y la impunidad de otros agresores de la misma congregación, pese a que ya conocían la situación.

La querella presenta múltiples testimonios y pruebas documentales sobre la red de protección interna que operó alrededor del abusador. Entre las evidencias más contundentes se encuentran extractos del diario manuscrito de Alfonso Pedrajas Moreno, en el que describió sus propios actos de abuso sexual y violaciones en el colegio Juan XXIII.

«El señor quiere curarme. Esta curación pasará por mi conversación con Marcos. Que sea bien sincera... He sido un degenerado»

Esa es una de las frases recogidas en el diario de Pedrajas que la querella presenta como prueba documental del conocimiento que los acusados tenían de los hechos.

«No tengo mucho miedo de hablar con Ramón. Ya lo conté tantas veces...»

Otra entrada del diario muestra la comunicación directa de Pedrajas con Ramón Alaix, uno de los dos jesuitas contra quienes se interpone la querella, reforzando el argumento de que ambos conocían la gravedad de los delitos y no actuaron.

El texto expone además los testimonios de las víctimas, respaldados por evaluaciones psicológicas oficiales integradas al judicial que concluyó con la sentencia de abril.

«(...) Ha sido una de las experiencias más traumáticas de mi vida... Han sido todo tipo de toques, ha sido... Penetración, no sé con qué ha sido penetración, porque prácticamente estuve casi como drogado y ya no podía moverme ni nada... Luego mi ano me dolía harto, mi ano, mi sábana estaba lleno de manchas de sangre, flemas todo y no podía hacer el dos... Me ardía cuando hacía dos».

La querella solicita al obispo Monseñor Oscar Omar Aparicio que inicie la investigación previa amparada en el canon 1717 del Código de Derecho Canónico, que habilita a la autoridad eclesiástica a actuar de oficio cuando existan indicios razonables de un delito.

El petitorio exige que se declare a los exprovinciales culpables de encubrimiento de delicta graviora, absolución de cómplice y abuso de potestad, aplicando las penas máximas previstas: la expulsión del estado clerical. Asimismo, solicita la remisión de todo el expediente al Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, instancia máxima del Vaticano para investigar delitos graves cometidos por clérigos.

El caso evidonce cómo una red de protección interna dentro de la congregación jesuita permitió que los abusos de Alfonso Pedrajas se prolongaran durante más de tres décadas, mientras los acusados, tenían conocimiento directo de lo que ocurría.