La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló este viernes que la frontera entre México y Estados Unidos «no puede modificarse por decisión de un Gobierno estatal», en respuesta a las acciones de las autoridades de Texas, que sostienen que nueve islas del río Bravo pertenecen a ese estado.

«La frontera entre México y Estados Unidos no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal. Sus límites se definen por criterios establecidos en un tratado internacional», destacó la Cancillería mexicana en un comunicado.

La Cancillería explicó que el Tratado de Límites de 1970, celebrado entre ambos países, establece que, en el río Bravo, el límite internacional corre por el centro del cauce normal del río.

«Ese límite determina la soberanía de las tierras en ambos lados de la frontera, independientemente de la soberanía previa que hayan tenido esas tierras», agregó la Cancillería en su comunicado.

Asimismo, la SRE recordó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es la instancia facultada por ambos Gobiernos para «aplicar el Tratado y determinar de qué lado del límite se encuentra cada isla».

«Ninguna autoridad estatal tiene esa atribución», zanjó la oficina diplomática.

Además, la Cancillería señaló que «ningún país puede construir obras que, a juicio de la CILA, puedan desviar u obstruir el escurrimiento normal del río», en una referencia directa a las posibles acciones de infraestructura o control que Texas pueda emprender en la zona.

La respuesta mexicana ocurrió dos días después de que el gobierno de Texas, a través de un mensaje emitido por la comisionada de Tierras de ese estado, Dawn Buckingham, anunciara que se había apoderado de nueve islas ubicadas en la frontera acuática entre ambos países y autorizado el acceso a elementos del Ejército en dicha demarcación.

«Con una extensión total de aproximadamente 66 acres, estas islas quedan ahora bajo la jurisdicción del estado de Texas, lo que permitirá a las fuerzas del orden federales y estatales proteger estos terrenos y erradicar cualquier actividad ilegal en ellos», escribió la Oficina General de Tierras de Texas (GLO) en la red social X.

Ante la ofensiva, la SRE dijo que «dará seguimiento puntual a cualquier acción en la zona», al tiempo que reiteró «su compromiso con el cumplimiento de los tratados que rigen la frontera común y con el diálogo bilateral a través de los mecanismos establecidos».

La declaración mexicana deja en claro el marco jurídico que rige la frontera:

• El Tratado de Límites de 1970 define que el límite internacional corre por el centro del cauce normal del río Bravo.
• La CILA es la única instancia autorizada por ambos países para determinar de qué lado de la línea se encuentre cada isla.
• Ninguna autoridad estatal, ya sea mexicana o estadounidense, tiene atribución para modificar esos límites.

Lo anterior ocurre en un contexto de creciente tensión migratoria entre México y Estados Unidos, que se intensificó desde el inicio del segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump. La maniobra de Texas, que implicaría control militar sobre terrenos en la frontera internacional, representa un nuevo punto de fricción en una relación bilateral que ya enfrenta presiones en materia de seguridad, migración y comercio.