A Mark Zuckerberg se le acababa el tiempo.

Un impuesto histórico a los multimillonarios se avecinaba en la boleta electoral de su estado natal, California, y el fundador de Meta necesitaba urgentemente que la junta directiva de su empresa tecnológica tomara medidas para protegerlo de él.

Zuckerberg había estado negociando con la junta directiva de Meta desde julio. Durante una cena con miembros de la junta el 9 de septiembre, les lanzó un ultimátum que no admitía respuesta negativa: si no se llegaba a un acuerdo, vendería su casa en Palo Alto y el anuncio de la venta se haría público.

Planeaba poner la casa a la venta el 13 de septiembre, lo que le daba a la junta apenas 96 horas para evitar una crisis de relaciones públicas de proporciones mayúsculas.

Meta, con sede en Menlo Park, no tardó. Se apresuró a encontrar una solución. El miércoles, la empresa reveló el resultado: en enero emitirá una nueva clase de acciones para los accionistas, que Zuckerberg podrá vender para pagar el posible impuesto a la riqueza sin que ello afecte su poder de voto del 60.6 por ciento en la empresa.

La jugada también servirá al gigante tecnológico para financiar sus enormes inversiones en inteligencia artificial, una de las prioridades de la compañía en los próximos años.

El tira y afloja entre el multimillonario y su propia empresa quedó al descubierto en un lote extraordinario de documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Dichos documentos revelan con todo lujo de detalles cómo los magnates como Zuckerberg, cuyo patrimonio neto se sitúa en 247 mil millones de dólares, sortean el riesgo que plantea la medida fiscal propuesta en California.

Las presentaciones también pusieron en evidencia la influencia directa de Zuckerberg sobre la junta directiva de Meta, una empresa con la que ha estado inextricablemente vinculado desde que la fundó en su dormitorio de Harvard en 2004.

Meta se negó a hacer comentarios sobre el asunto.

La decisión de reestructurar preventivamente sus tenencias de acciones demuestra el temor real que existe en Silicon Valley ante la posibilidad de que la medida fiscal, conocida como la Proposición 40, se apruebe en las elecciones intermedias del 3 de noviembre.

La propuesta aplicaría un impuesto único del 5 por ciento sobre todas las tenencias de los multimillonarios que residieran en California al 1 de enero de 2026.