La madrugada del 19 de abril de 2026, en un camino de terracería cercano a la comunidad de Polanco, en el municipio de Batopilas, Chihuahua, una camioneta oficial Ford F-150 de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) se salió de una curva, cayó a un barranco profundo e inició un incendio.

En el vehículo viajaban el director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, su escolta Manuel Méndez Montes y dos ciudadanos estadounidenses identificados como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black. Los cuatro ocupantes murieron en el accidente.

Ese percance quedó al descubierto la presencia no autorizada de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos operando activamente en Chihuahua, México. El siniestro fue el punto de partida para las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), cuyas evidencias documentales y periciales desmintieron la narrativa inicial del gobierno estatal de Maru Campos.

En las primeras declaraciones públicas tras el incidente, las autoridades del gobierno de Chihuahua afirmaron que los agentes estadounidenses no habían participado en el operativo para asegurar un laboratorio clandestino en El Pinal, municipio de Morelos. Las versiones oficiales sostenían que los agentes de la CIA solo brindaban capacitaciones informales sobre el uso de drones o que habían abordado el vehículo de manera circunstancial.

Sin embargo, las diligencias de la FGR integradas en el expediente judicial contradicen frontalmente dicha versión.

Al revisar los libros de control del Complejo Estatal de Seguridad Pública (C4) en la ciudad de Chihuahua, los agentes investigadores de la FGR ubicaron en la foja 454 el registro del martes 14 de abril de 2026, a las 08:58 horas, correspondiente a la caseta número cinco durante el turno diurno.

En ese libro quedó asentado el ingreso del vehículo con matrícula EKN199B a nombre de Richard Leiter Johnston III, donde se anotó en la casilla de asunto la frase "Cita Zuani" —en referencia al entonces fiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo—, quien también es buscado por el caso de los agentes de la CIA, y en el apartado de área las siglas "A.E.I." (Agencia Estatal de Investigación).

A la par de los registros de acceso, se sumaron los testimonios rendidos ante el Ministerio Público Federal por los policías estatales que integraban la caravana de nueve vehículos oficiales.

Un agente de investigación relató el momento en que descubrieron la caída de la camioneta.

"Al asomarme al barranco que estaba al costado del camino… un compañero, no recuerdo quién exactamente, me contestó que el comandante se había caído al barranco".

Otro policía detalló las primeras acciones de auxilio y la confirmación del deceso de los ocupantes: "Observé en el fondo de la barranca el vehículo, el cual se encontraba en llamas… descendiendo de forma pedestre en ese momento a brindar auxilio… acercándose el compañero, quien tiene conocimientos en asistencia médica, quien mencionó que los cuerpos ya no contaban con signos vitales".

Un tercer agente narró la reacción de otros acompañantes extranjeros que viajaban en las unidades del convoy y la solicitud de conexión satelital tras el incidente.

"Una de las personas que venían encapuchadas en el vehículo en el que íbamos se bajó y empezó a decir 'el Starlink'… mencionó al grupo en general que necesitaban el Starlink ya que ellos son personal de la embajada americana y los otros dos compañeros que iban en la Ford F150 también, por lo que necesitaban pedir apoyo".

Las dependencias del gobierno federal, incluida la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), notificaron a la FGR que no expidieron permisos para que los agentes extranjeros realizaran actividades en campo.

"Esta Secretaría no suscribió acuerdo alguno con la Secretaría de Relaciones Exteriores para resolver respecto de la acreditación y circunscripción territorial de los señores enunciados [ni] cuenta con registro de alguna autorización para que las personas extranjeras Johnston III y Dudley Black pudieran internarse temporalmente en territorio nacional".

Las evidencias recabadas por la FGR permitieron que el 17 de octubre de 2026 una jueza de control emitiera una orden de aprehensión contra el exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, y el exfiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo.

A ambos exservidores públicos se les investiga por su probable participación en el delito de traición a la patria, previsto en el artículo 123, fracción I, del Código Penal Federal.

En el derecho mexicano, este delito sanciona a los ciudadanos que realicen actos contra la independencia o la soberanía nacional para someterla a un grupo o gobierno extranjero. En esta investigación de la FGR, la conducta se configuró al coordinar y permitir operativos de campo con agentes de la CIA en Chihuahua sin autorización del gobierno federal.

A pesar de que los hechos ocurrieron en Chihuahua, el expediente se radicó en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, al aplicarse la regla de competencia territorial de excepción por razones de seguridad, contemplada en el artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En el análisis de riesgo procesal —la evaluación técnica sobre la probabilidad de que los imputados obstaculicen el juicio o se evadan—, el Centro Federal de Inteligencia Criminal (CFIC) concluyó que existe peligro de fuga por la severidad de la pena, la falta de un domicilio único registrado y la capacidad de los investigados para influir sobre los testigos policiales y alterar registros electrónicos.

El fiscal general César Gustavo Jáuregui Moreno renunció a su cargo el 27 de abril de 2026 tras admitir inconsistencias en la información inicial. El 12 de mayo de 2026, Guillermo Arturo Zuany Portillo también presentó su renuncia a la Fiscalía de Operaciones Estratégicas.

El pasado 17 de octubre Jáuregui Moreno fue detenido y ahora afronta dos procesos penales, uno estatal y uno federal, por su presunta responsabilidad en el caso. Mientras tanto, Zuany Portillo se mantiene aún prófugo de la justicia.

Como parte de las indagatorias sobre las operaciones de agentes de la CIA y agencias extranjeras en Chihuahua, se integró al expediente de la FGR un escrito enviado el 27 de mayo de 2026 por Robert Halliday, teniente coronel retirado del Ejército de Estados Unidos y padre del soldado Richard Karol Halliday.

En su denuncia ante la FGR, la familia Halliday acusó formalmente a la gobernadora Maru Campos de mentir sobre la intervención de agentes de la CIA y fuerzas extranjeras en territorio nacional, y al fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, de intervenir en la manipulación de la carpeta de investigación en Ciudad Juárez por la desaparición y deceso del militar de 21 años.

"El soldado de Fort Bliss que fue asesinado tras exponer tráfico criminal vinculado a cárteles y pruebas de operaciones militares rebeldes relacionadas con el tiroteo masivo de Walmart en 2019. El 24 de enero de 2025, el Departamento del Ejército clasificó oficialmente la muerte de nuestro hijo como 'en acto de servicio', confirmando que fue asesinado en represalia por su valiente denuncia".

En el mismo documento dirigido al Ministerio Público Federal, la familia afirmó poseer documentación sobre el flujo de inteligencia entre autoridades estatales e instancias estadounidenses.

"Le escribimos en nuestra calidad de familia de una víctima de asesinato. Tenemos pruebas contundentes de que la gobernadora Maru Campos ha mentido a los fiscales federales y al público mexicano. La gobernadora Maru Campos mantuvo el control absoluto sobre su administración y dirigió personalmente toda relación ilegal con agencias extranjeras, incluidas las agencias estadounidenses".

Asimismo, la denuncia registrada formalmente en la orden de aprehensión sostiene los señalamientos formulados contra la gestión gubernamental de la entidad.

"Este asunto es profundamente personal para nosotros. La gobernadora Maru Campos intervino directamente en la investigación del caso de nuestro hijo asesinado. Presentamos una denuncia de persona desaparecida ante la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte de Juárez, Chihuahua, y tenemos confirmación de que fue manipulada. Responsabilizamos directamente a la gobernadora Maru Campos y a Carlos Manuel Salas".

Lo que arrancó como un accidente carretero en un camino de terracería de Batopilas terminó destapando una operación de inteligencia extranjera sin autorización en suelo mexicano, exponiendo contradicciones entre el discurso del gobierno estatal y los registros oficiales, y derivando en órdenes de aprehensión por traición a la patria. El expediente continúa en desarrollo y el caso podría escalar hacia investigaciones de mayor alcance.