Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinator del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, señaló que es necesario avanzar en una nueva etapa de fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación, con el fin de dotar de mayor autonomía presupuestaria y administrativa a sus principales órganos.

En sus declaraciones, el legislador apuntó que las instituciones que requieren un refuerzo en materia de autonomía son la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Tribunal de Disciplina Judicial y el propio Órgano de Administración Judicial.

El vicecoordinator del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, señaló la necesidad de avanzar en una nueva etapa de fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación y dotar de mayor autonomía presupuestaria y administrativa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Tribunal de Disciplina Judicial y al propio Órgano de Administración Judicial.

La propuesta resulta notable en el contexto político actual. En 2024, el propio partido de Ramírez Cuéllar impulsó la aprobación de la judicial, conocida como Plan C, que eliminó el sistema de carrera judicial basado en mérito y oposición de concursos, y sustituyó el ingreso, ascenso y permanencia de jueces y magistrados por un esquema de elección popular. Aquella fue objeto de severas críticas por parte de académicos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones internacionales que advirtieron sobre los riesgos para la independencia judicial del país.

Ahora, el mismo grupo político que reestructuró el andamiaje del Poder Judicial plantea que ese andamiaje necesita más autonomía presupuestal. En términos simples: primero se remozó la casa entera, y ahorita se está pidiendo que se le dé más libertad para manejar sus propios recursos.

No está claro si la propuesta de Ramírez Cuéllar implicaría un incremento presupuestario concreto para estos órganos judiciales, ni cuál sería el mecanismo legislativo para implementarla. Lo que sí queda claro es que Morena, ya en pleno ejercicio del poder, descubre que las instituciones que reorganizó a su manera también necesitan grillete presupuestal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos ministros serán electos por voto popular bajo el nuevo esquema, continuará pendiente de cualquier definición en materia de autonomía financiera. Mismo caso para el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicial, cuya existencia y función fueron redefinidas por la aprobada en los últimos meses.

La pregunta que queda flotando es simple y directa: si la autonomía del Poder Judicial es tan importante, ¿para qué se le reestructuró primero?