Las gasolineras mexicanas mueven cada mes unos 28.600 millones de pesos en efectivo, el equivalente a aproximadamente 1.530 millones de dólares. Esa cifra da una idea de la magnitud del reto que enfrenta la Ley de Economía Digital, aprobada por el Senado, que no proscribe por completo el uso de dinero en efectivo pero sí abre la puerta a que los billetes dejen de ser aceptados en determinados sectores o actividades, en un esquema gradual que arrancaría con las estaciones de combustible y las casetas de peaje.

El dinero físico todavía representa un tercio del valor de las ventas de combustibles y casi la mitad de las operaciones. La digitalización por decreto de las estaciones de servicio supondrá, en palabras del sector financiero, la prueba de fuego para todo el proyecto.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la norma como una herramienta para reducir el uso del efectivo, aumentar la trazabilidad de las operaciones y facilitar la fiscalización de los movimientos de dinero, uno de los objetivos prioritarios de su administración.

Sin embargo, en un país donde la conectividad y la adopción de los pagos digitales siguen siendo profundamente desiguales, expertos advierten que una implementación demasiado apresurada podría excluir de los medios de pago a trabajadores informales y a comunidades con menor grado de bancarización: adultos mayores, grupos indígenas, mujeres y adolescentes.

El desafío va más allá de la tecnología. México cuenta con una infraestructura capaz de procesar millones de transacciones en tiempo real: a diario se procesan cerca de 20 millones de operaciones a través del SPEI, el sistema de transferencias inmediatas del Banco de México, y existen herramientas de pagos móviles gratuitas y públicas. Y sin embargo, el 85,2% de los mexicanos sigue pagando en efectivo compras menores a 500 pesos, y el 73,5% las de mayor valor.

El diagnóstico de las 14.000 gasolineras del país elaborado por Petrointelligence revela que las condiciones para implementar pagos digitales varían drásticamente entre entidades federativas. Nayarit, por ejemplo, registra la mayor proporción de pagos en efectivo (52,9%) y concentra el 1,5% de las estaciones identificadas fuera de la cobertura móvil garantizada. Michoacán registra un menor uso de efectivo (32,3%), pero concentra el 8,4% de esas estaciones sin cobertura confiable.

El análisis identifica unas 200 estaciones fuera de la cobertura móvil de calidad garantizada, aunque la afectación potencial es mayor: alrededor de esas estaciones viven aproximadamente 250.000 personas que quedarían, de facto, sin acceso a medios de pago digitales.

La norma fue avalada por la asamblea del Senado con 72 votos a favor y 34 en contra. El texto fue presentado como parte del Paquete Económico de 2027 y forma parte de la estrategia oficial para elevar la capacidad de tributación del Estado, sin que ello implique un reacomodo fiscal integral. Aunque la ley no otorga al Sistema de Administración Tributaria (SAT) facultades adicionales para acceder a la información transaccional, una mayor utilización de medios digitales permite, en la práctica, el seguimiento de las operaciones, también con fines de prevención de lavado de activos.

Para el centro de análisis México Evalúa, las brechas de adopción no son solo territoriales: también están ligadas a la escala de las empresas. Las regiones con mayor proporción de micronegocios y menor conectividad concentran las tasas más bajas de aceptación digital.

Una política homogénea que no contemple estas diferencias puede agravar la desigualdad en lugar de reducirla.

El problema se retroalimenta: el bajo nivel de aceptación en los comercios desincentiva a los usuarios a procurar medios electrónicos, en un círculo vicioso que perpetúa la baja inclusión financiera. Quienes cobran en billetes, por lo general, carecen de historial transaccional y, por tanto, de acceso a crédito, ahorro formal y seguros ante eventualidades. Más de la mitad (52%) de los trabajadores en la economía informal carece de acceso a servicios financieros, frente a solo el 11% de los formales.

En el trasfondo, el mercado muestra desequilibrios ante la falta de un sistema de incentivos suficientemente robusto para compensar los costos que los comercios perciben al usar medios electrónicos. En pocas palabras: para muchos, usar efectivo sigue siendo más barato, a pesar de las implicaciones de comodidad y conveniencia.

Ante esta realidad, el Gobierno federal ha intensificado la promoción de CoDi y DiMo, las plataformas del Banco de México que permiten realizar cobros mediante códigos QR y dispositivos móviles. El banco central, además, queda facultado por la ley para obligar a bancos y fintechs a facilitar el uso de estos sistemas en sus aplicaciones de banca móvil. Una operación que, siete años después del lanzamiento de CoDi, todavía resulta engorrosa para el usuario promedio.

Implementar métodos de pago digitales en los pequeños negocios puede ayudar a que los comercios minoristas ahorren hasta 84.000 pesos al año, unos 5.000 dólares, en las comisiones que suelen cobrar las terminales de punto de venta, cuyas tarifas van del 1,51% al 5,11%.

El reto está en facilitar que más negocios conozcan estas herramientas, las integren a su operación y encuentren en ellas una forma sencilla de avanzar hacia la digitalización.

La ley también deja interrogantes abiertos sobre qué ocurrirá cuando una contingencia impida realizar pagos digitales. Al mismo tiempo, plantea que los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— estandaricen y digitalicen sus trámites, reduzcan los tiempos de resolución y acepten pagos electrónicos en todas sus dependencias. Otra prueba de fuego para un Estado que quiere alinear a México con el siglo XXI, en un país donde el siglo XXI todavía no ha llegado a todos lados.