La carretera México-Toluca se convirtió, literalmente, en un campamento improvisado. Familiares de integrantes de los colectivos Mariposas Buscando Corazones, Justicia Nacional y Flores en el Corazón cerraron la autopista a la altura de Plazas Outlet Lerma, en el Estado de México, para exigir a las autoridades estatales que atiendan los casos de sus seres queridos desaparecidos.

Desde el 20 de octubre, los manifestantes han mantenido el bloqueo con dirección a la Ciudad de México. En lugar de abandonar la vialidad, la madrugada del miércoles 21 de octubre pernoctaron directamente sobre el pavimento: instalaron una casa de campaña, una carpa, una fogata y varios asientos para sostener la vigilia. Con ayuda de un lazo, colocaron las fichas de búsqueda de sus familiares para que nadie olvide por qué están ahí.

Durante la mañana del miércoles se registró un enfrentamiento entre conductores y manifestantes. Automovilistas intentaron mover a los inconformes del lugar en medio de jaloneos y ofensas, pero no lograron su objetivo. Los manifestantes, por su parte, establecieron un mecanismo: cada 30 minutos abren un carril para dar paso a una tanda de vehículos. Aun así, desde el día anterior existe una fila kilométrica de automóviles varados.

Entre las personas varadas se encuentran automovilistas que se dirigían a la Ciudad de México para acudir a su centro de trabajo, tomar un vuelo o atender una cita médica, así como transportistas con carga comprometida. El descontento de los afectados, sin embargo, choca con la desesperación de las familias, que llevan años sin obtener respuestas claras sobre el paradero de sus seres queridos.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudió al lugar del bloqueo para atender a los inconformes. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo para liberar la circulación. Los familiares insisten en que necesitan la atención de una autoridad de mayor nivel para considerar retirarse de la vialidad.

Una de las fichas de búsqueda expuestas en el campamento corresponde a Daniela Sánchez Curiel, desaparecida el 11 de marzo de 2015 en Tlalnepantla. Su caso no es un hecho aislado: es uno de los 11 mil 760 registros acumulados que el Estado de México mantiene en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

El panorama es estremecedor. En el primer semestre de 2026, el Estado de México registró 2 mil 600 casos de personas desaparecidas. Históricamente, la entidad ocupa el tercer lugar del país en número de desapariciones, con un acervo que supera las 11 mil 760 personas que no volvieron a casa. Cada una de esas cifras tiene detrás una familia que sigue esperando.

La protesta en la México-Toluca no surge de la nada. El 20 de octubre, el Comité contra la Desaparición Forzada se presentó ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, donde se señaló la necesidad de activar el artículo 34 de la Convención Internacional para Proteger a Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La propuesta busca que la Organización de las Naciones Unidas trate con carácter de urgente la situación de las desapariciones en México y genere un mecanismo de cooperación para hacer frente a esta problemática.

Mientras los organismos internacionales deliberan y la Fiscalía del Edomex no envía una autoridad de mayor rango, los familiares siguen acampados sobre la carretera. Con una fogata que prenden para resistir el frío de la madrugada y las fichas de búsqueda colgadas de un lazo, sostienen una vigilia que es, al mismo tiempo, una denuncia y una súplica: que alguien, por fin, haga algo.