Lo que Sheinbaum negó en mañanera, su subsecretario lo reconoció ante la ONU
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El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, admitió ante la Asamblea General de la ONU que autoridades municipales han cometido desapariciones forzadas, contradiciendo la línea oficial de que 'en México no hay desaparición forzada desde el Estado'. El Comité contra la Desaparición Forzada activó por primera vez en su historia el Artículo 34 para llevar el caso mexicano al escenario internacional.
El Gobierno mexicano reconoció este martes ante la Asamblea General de la ONU que autoridades municipales han participado en desapariciones forzadas en el país, en un giro que contradice abiertamente la línea oficial sostenida durante meses por la Presidencia.
Quien pronunció las palabras fue el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, quien en el marco de la Tercera Comisión señaló que el panorama de las desapariciones en México se ha transformado.
"En el pasado, la desaparición forzada se ordenaba desde las altas esferas del poder político. Hoy estos delitos son cometidos principalmente por grupos delictivos y en algunos casos, lamentablemente, sobre todo, por autoridades del ámbito municipal".
No es habitual que un funcionario del gobierno de Claudia Sheinbaum reconozca públicamente la participación del Estado en una crisis humanitaria que ya suma más de 130 mil personas sin localizar, y menos que lo haga frente al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas, instancia que llevó la emergencia a la Asamblea General.
Durante meses, el gobierno federal y el partido de la mandataria lanzaron una ofensiva contra el CED. Lo hicieron tanto en público como en reuniones privadas. Llegaron incluso a acusar al comité de querer "descarrilar" al gobierno. El mensaje más contundente fue el de la propia presidenta, quien en una de sus mañaneras declaró:
"En México no hay desaparición forzada desde el Estado".
La realidad ha contradicho de forma tozuda esa frase por múltiples vías. Entre los casos antiguos destacan los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el sistema desaparecedor desplegado por el gobernador Javier Duarte en Veracruz y las operaciones de despiste del fiscal Edgar Veytia en Nayarit.
Pero también hay historias recientes que dejan poco margen a la duda. Hace apenas un año, ocho jóvenes de Tlaxcala desaparecieron en la costa de Oaxaca. Sus cuerpos, desmembrados, fueron encontrados en una carretera ya en el estado de Puebla. Los únicos dos detenidos por su participación directa en el crimen son dos agentes de la Fiscalía oaxaqueña.
Niega nadie la magnitud de la crisis; lo que el gobierno ha intentado es reducir su tamaño. Este marzo presentó una nueva interpretación del Registro Nacional de Desaparecidos, dependiente de la Secretaría de Gobernación, para sostener que decenas de miles de los casos registrados no contaban con los datos mínimos para ser buscados. El anuncio provocó la indignación de los colectivos de búsqueda, y el registro no se ha vuelto a actualizar ni se ha permitido consultar en la nueva versión.
La siguiente fase de la estrategia gubernamental, a raíz de las protestas vinculadas al Mundial de Fútbol 2026, fue anunciar encuentros con los colectivos por todo el país, la creación de un centro de mando de reacción inmediata y el hallazgo de más de 5,800 personas con reporte de desaparición gracias a la Plataforma Única de Identidad.
La semana pasada, coincidiendo con las sesiones en la ONU, el gobierno fue un paso más allá y anunció que se habían encontrado a 16,000 personas en el año en curso, "la mayor parte vivas". Sin embargo, no se detalló nada más: cuántas fueron localizadas muertas, cuántas habían sido víctimas de un delito, cómo fueron encontradas ni si pertenecían a la categoría de quienes tenían datos de búsqueda activa.
Ese número fue el que Medina volvió a poner sobre la mesa este martes, al que denominó un "esfuerzo nacional".
El subsecretario aprovechó además el foro para criticar de nuevo al CED por aplicar el llamado Artículo 34, mecanismo que llevó el caso de México a la Asamblea General para ofrecer ayuda y asesoría técnica al país. Una fuente cercana a la administración señala que lo que molesta al gobierno no es la posibilidad de recibir apoyo —que España, Noruega, Guatemala, Canadá, Países Bajos, el Fondo de Población de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos—, sino el hecho de ser "señalados y singularizados como un país que tiene un problema muy serio de graves violaciones a los derechos humanos".
Por esa razón, el gobierno mexicano lleva meses cabildeando con Estados de la ONU para minimizar el impacto de esta declaración y convencerlos de que el país ya está haciendo suficiente en la búsqueda de desapararecidos. Medina lo resumió en Nueva York:
"En México la búsqueda de personas desaparecidas no se detiene. Atender este delito es una prioridad nacional".
El presidente del CED, Juan Pablo Albán, presentó hoy el informe anual en el que reafirmó lo que el comité venía señalando desde hace tiempo:
"Existen indicios bien fundados de la comisión de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y de la persistencia hasta la actualidad de esa práctica en México".
Por esa razón se decidió aplicar el Artículo 34 por primera vez en los 20 años de historia del Comité:
"Es un mecanismo preventivo excepcional de alerta que está concebido para movilizar la atención y cooperación internacional ante situaciones particularmente serias".
Tras el encuentro, Albán explicó que "la pelota ahora está en la cancha de la Asamblea General" y que el comité no puede ordenar qué hacer, pero planteó posibles vías de acción:
- Apoyo financiero para las búsquedas
- Compartir buenas prácticas de otros países
- Facilitar apoyo tecnológico para las operaciones de localización
El jurista detalló los caminos que ahora se abren ante la Asamblea General:
- Decidir no hacer nada
- Tomar nota de la resolución e instar al Estado mexicano a abrirse a la cooperación e indicar si requiere apoyo
- Enviar el caso al Consejo de Derechos Humanos para examinar la creación de un mecanismo especial
- No dictar resolución alguna, pero abrir un foro para determinar qué acciones o medidas pudieran ser útiles
"Pero todo es especulativo porque no sabemos qué es lo que la Asamblea finalmente va a decidir hacer".
Albán advirtió que una resolución de la Asamblea General tendría "mucho impacto desde el punto de vista de peso político", lo que convierte el próximo veredicto en un capítulo decisivo para la respuesta internacional a la crisis de desapariciones en México.
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