La Fiscalía General de la República confirmó este lunes que la conductora de televisión Inés Gómez Mont, detenida el pasado viernes por agentes migratorios estadounidenses en Miami, cuenta con tres órdenes de arresto vigentes en territorio mexicano. La titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy, detalló que la dependencia solicitó a Estados Unidos la detención de la comunicadora con fines de extradición desde septiembre de 2025.

Gómez Mont enfrenta cargos en el país por su probable participación en delitos de delincuencia organizada y defraudación fiscal. La funcionaria federal precisó que el arresto en Miami obedece a su situación migratoria, cuya resolución corresponde exclusivamente a las autoridades de Estados Unidos.

Desde que Inés N huyó del país, la Fiscalía ha actuado. En septiembre de 2025, se solicitó a Estados Unidos su detención con fines de extradición.

Godoy añadió que, de determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de detención en el momento en que la comunicadora arribe a territorio mexicano. La conductora mexicana ha pasado cinco años prófuga de la justicia y está acusada junto a su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga, por los tres delitos investigados.

Hace un mes, la presidenta Claudia Sheinbaum reclamó a Estados Unidos que la Interpol hubiese retirado la ficha roja de búsqueda de la pareja. La mandataria aseguró que insistiría en la extradición de ambos, que cuentan con una orden de aprehensión activa en México por estos delitos.

Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que Gómez Mont pudo recibir en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita, obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social a través de una empresa fantasma.

Además, habría defraudado a la Hacienda mexicana unos 13 millones de pesos, equivalente a alrededor de 700,000 dólares, durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016. La fiscal Godoy indicó que en ese esquema investigado se articularon contratos por cerca de 2,450 millones de pesos, equivalentes a cerca de 132 millones de dólares, recursos que fueron destinados a la seguridad del sistema penitenciario del país.

Cada peso desviado o no contribuido es un peso que deja de llegar a los programas y acciones que benefician a millones de personas.

El Ministerio Público federal colaboró con las autoridades estadounidenses en las últimas semanas para abordar la detención de Gómez Mont, quien era buscada por la autoridad fiscal del país junto a su marido desde 2021. Álvarez Puga no ha vuelto a ser localizado desde el año pasado, cuando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) lo arrestó por irregularidades en su estancia en Estados Unidos y posteriormente lo liberó.

La detención de Gómez Mont en suelo estadounidense reabre un capítulo de larga data en la política nacional: el escándalo de desvío de recursos destinados a la seguridad del sistema penitenciario, uno de los casos de corrupción de mayor impacto presupuestal investigados por la Fiscalía en los últimos años.