La presidenta Claudia Sheinbaum puntualizó que, si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detecta alguna irregularidad de carácter penal durante la fiscalización de los recursos públicos del Instituto Nacional Electoral (INE), el procedimiento obliga a presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria precisó que la FGR solo puede iniciar una investigación sobre posibles inconsistencias en el órgano electoral si existe una denuncia formal que lo respalde.

Si hay un asunto penal se presenta a la Fiscalía General de la República; si hay un asunto administrativo, se presenta al Tribunal de Justicia Administrativa. Si hay una denuncia a la Fiscalía, la Fiscalía tiene que investigar. Así es como son los procedimientos en nuestro país.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo explicó que en el país las instituciones autónomas son auditadas por la ASF, mientras que las dependencias del gobierno federal están bajo la supervisión de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

En el gobierno de México existe la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que se encarga de estar auditando, revisando, previniendo en el gobierno federal, en todas las áreas del gobierno federal. Las instituciones autónomas son auditadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, Sheinbaum Pardo señaló que el actual auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, fue nombrado en la Cámara de Diputados por unanimidad de todos los partidos políticos, un dato que utilizó para subrayar la legitimidad institucional del ente fiscalizador.

¿Quién nombra al auditor? El Congreso, la Cámara de Diputados, que por cierto, en este caso fue un nombramiento por unanimidad. Todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo en nombrar al actual auditor.

La intervención de la presidenta arroja luz sobre el esquema de rendición de cuentas que opera en México: las instituciones autónomas, entre ellas el INE, no están exentas de revisión, pero el ejercicio de esa revisión sigue cauces formales definidos por la ley, con órganos distintos para lo penal y lo administrativo.

El marco que describió la mandataria deja claro que la ASF, como ente fiscalizador superior, tiene la obligación de actuar conforme a sus facultades legales: si encuentra un delito, debe elevar la denuncia; si detecta una falla administrativa, el expediente va al Tribunal de Justicia Administrativa. No hay espacio para acciones paralelas ni para interpretaciones al margen del procedimiento establecido.

Al destacar que el auditor actual fue designado por unanimidad en la Cámara de Diputados, Sheinbaum subrayó que la revisión de los recursos del INE no responde a un interés partidista, sino a una responsabilidad institucional que cuenta con respaldo transversal de las fuerzas políticas del país.

La aclaración llega en un momento en que la fiscalización de recursos públicos destinados al organismo electoral se ha convertido en un tema de atención política, y la presidenta insistió en que el escenario correcto es el de un Estado de derecho que cumple sus procedimientos sin atajos ni excepciones.