A dos semanas de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, Donald Trump anunció desde la Casa Blanca, junto a su vicepresidente J. D. Vance, un programa dotado con 25 millones de dólares para recompensar a los denunciantes de casos de fraude en fondos federales y ayudas públicas.

La iniciativa, dirigida por el Departamento de Justicia, se enmarca en el Programa de Incentivos para Denunciantes de Fraude (WHIP, por sus siglas en inglés) y permite que cualquier persona que envíe una denuncia a través del portal oficial fraud.gov y que concluya con una condena o una acción federal significativa pueda recibir hasta 30,000 dólares.

"Los estadounidenses ahora podrán reportar casos de corrupción y robo de dólares de los contribuyentes en sus comunidades a través de un nuevo sitio web, y recibirán una comisión del 1%", dijo el presidente desde el histórico escritorio Resolute.

El anuncio llega en un momento en que los demócratas van por delante en las encuestas y tienen a tiro el control de ambas cámaras del Congreso: la de Representantes y el Senado. La popularidad del mandatario republicano se ha desplomado, y una encuesta reciente de la cadena conservadora Fox News sitúa la corrupción como la principal preocupación de los estadounidenses de cara a los comicios. El 89% de los estadounidenses considera que la corrupción está generalizada en el país.

Cuando un periodista le cuestionó en rueda de prensa qué diferencia tiene su plan con la Ley de Reclamaciones Falsas, vigente desde 1863, que ya permite recompensas del 10% al 25% para denunciantes, Trump respondió que "nadie pensó nunca que se pudiera haber robado 2.000 millones de dólares".

"Hay mucho dinero defraudado. Cuando aprobaron esa ley, era para un tipo de delito determinado. Pero nadie pensó nunca que se pudiera haber robado 2.000 millones de dólares y que con el 1% la gente ganaría millones y millones de dólares entregando lo que en realidad es un delito", señaló.

Sin embargo, el anuncio del programa antifraude resulta difícil de desligar de las acusaciones que rodean la propia Administración Trump. Un dictamen presentado por la Freedom of the Press Foundation en los tribunales acusa directamente al presidente de enriquecerse desde su cargo al proporcionar información gubernamental que influye en el mercado a quienes pagan por ello.

"Es profundamente corrupto. El presidente se beneficia económicamente al proporcionar información gubernamental que influye en el mercado a aquellos que están dispuestos y pueden pagar a su empresa personal", señala la denuncia legal.

Entre las operaciones que los demócratas señalan como evidencia de tráfico de influencia se encuentran las siguientes:

• La inversión de 500 millones de dólares por parte de Emiratos Árabes Unidos en la empresa de criptomonedas de la familia Trump, justo cuando el gobierno norteamericano les abría las puertas al avanzado mercado de microprocesadores para inteligencia artificial.
• El avión Boeing 747 valorado en 400 millones de dólares donado por Qatar, apenas días después de que Trump firmara un acuerdo para facilitar asistencia militar al país del Golfo. La aeronave opera ahora como el nuevo Air Force One, y el presidente ya advirtió que se lo llevará cuando se retire.
• El cobro de acceso privilegiado a través de su red social Truth, que motivó la demanda de la Freedom of la Press Foundation.

Aunque no hay oficialmente ningún caso judicial abierto contra el presidente, las sospechas de tráfico de influencia y uso de información privilegiada en los negocios de su emporio familiar arrecian a medida que se acercan las elecciones.

En el mismo acto en que presentó el plan antifraude, Trump proclamó:

"Hemos librado una guerra sin precedentes contra la corrupción y el fraude. No permitiremos que nuestro país sea saqueado y expoliado por ladrones y piratas y estafadores extranjeros".

Para acompañar el anuncio, Trump presentó a Nick Shirley, un influencer conocido por su canal de contenido MAGA. Shirley se hizo viral a finales del año pasado cuando publicó un vídeo en el que aseguraba, sin pruebas, que miembros de la comunidad somalí de Minnesota dirigían guarderías falsas para cobrar subsidios federales.

Ese video sirvió como excusa para que la Administración Trump desplegara agentes de la Patrulla Fronteriza y el ICE en Minneapolis, una operación que terminó con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, a manos de estos funcionarios, sin que tuvieran relación alguna con el supuesto fraude masivo que el influencer denunció.

Trump se esfuerza por alejar las acusaciones de corrupción hacia su propia Administración mientras empaña con presuntas irregularidades los programas de ayudas públicas y fondos federales, un doble movimiento que busca contrarrestar la caída de popularidad en el tramo decisivo de su mandato.