El Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) adjudicó de forma directa un contrato por 4,928 millones de pesos a la empresa Vayam Medical para la prestación de servicios integrales de laboratorio clínico en 7,259 unidades médicas del país, en un proyecto que enfrenta señalamientos serios sobre el avance real de su implementación.

El procedimiento, identificado con la clave AA-56-AYO-056AYO954-N-106-2026, establece que la empresa deberá prestar el servicio del 29 de mayo al 31 de diciembre de 2026. La adjudicación se realizó mediante una excepción a la licitación pública, con un fundamento relacionado con la inexistencia de alternativas, proveedor único o derechos exclusivos, según la ficha del procedimiento.

La contratación tiene como propósito declarado ampliar el acceso a estudios clínicos en el primer nivel de atención. Sin embargo, testimonios citados al interior del organismo apuntan a que el servicio estaría disponible apenas en una cuarta parte de las unidades comprometidas, lo que, de confirmarse, implicaría una abismal diferencia entre las metas contractuales y la operación efectiva.

El contrato corresponde al programa Laboratorio en tu Clínica, impulsado por el IMSS-Bienestar bajo la dirección de Alejandro Svarch, que busca ampliar la capacidad de diagnóstico mediante una red compuesta por laboratorios centrales, unidades básicas y unidades estratégicas.

La documentación del procedimiento contempla la instalación y operación de servicios en las 7,259 unidades, distribuidas así:

• 4,587 unidades básicas.
• 2,491 unidades estratégicas.
• 181 laboratorios clínicos.

Las metas operativas del programa son ambiciosas: una capacidad promedio de 344,107 pruebas diarias y atención mensual para 2 millones 563,969 pacientes. Para alcanzar esos objetivos, el servicio requiere equipos, insumos, infraestructura tecnológica y mecanismos de seguimiento de muestras y resultados.

No obstante, columnistas y periodistas de investigación han recogido declaraciones al interior del organismo que apuntan a que la instalación de los equipos todavía no ha concluido y que el servicio opera aproximadamente en 25% de las unidades previstas. Es decir, de las 7,259 unidades comprometidas, apenas unas 1,815 estarían realmente recibiendo el servicio en este momento.

El porcentaje reportado no constituye una cifra oficial confirmada por el IMSS-Bienestar. Para determinar el avance real del contrato, resulta indispensable conocer cuántas unidades están operando, qué capacidad de procesamiento tienen y qué medidas se han adoptado para cumplir las metas antes del vencimiento del contrato.

Antecedentes empresariales bajo la lupa

La adjudicación también coloca en el ojo del huracán los antecedentes de Christian Carmona Barón, señalado como una de las figuras cercanas al empresario vinculado al proyecto.

Una investigación periodística documentó que tres empresas relacionadas con Carmona Barón recibieron pagos por 323 millones de pesos durante la administración estatal de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, por concepto de medicamentos y servicios de salud. Los incumplimientos relacionados con esos contratos afectaron a 238 clínicas y hospitales en el estado.

Las empresas identificadas fueron:

• Santek Health
• Comercializadora Manhos
• C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación

La misma investigación señaló vínculos empresariales con Farmacéutica Medikamenta, compañía también relacionada con Carmona Barón.

El empresario es primo hermano de Héctor Barón Olivares, exdirector de Servicios de Salud de Morelos, quien firmó 11 de los 20 contratos otorgados a las tres compañías mencionadas durante ese periodo.

Estos antecedentes constituyen información relevante para examinar la contratación pública en el sector salud, aunque no acreditan por sí mismos irregularidades en el contrato federal adjudicado a Vayam Medical. Sin embargo, la sombra de incumplimientos previos en un rubro similar obliga a una fiscalización más rigurosa.

La excepción que debe justificarse

La adjudicación directa es una modalidad de contratación pública que puede utilizarse bajo supuestos legales específicos. Su empleo no demuestra por sí mismo la existencia de irregularidades, pero la justificación debe corresponder al supuesto normativo aplicable y estar respaldada por la documentación respectiva.

El monto del contrato, la modalidad de contratación y los señalamientos sobre la cobertura efectiva del programa plantean preguntas de fondo que las autoridades del IMSS-Bienestar deberán responder: ¿por qué se recurrió a una excepción? ¿Qué garantías existen de que se cumplan las metas antes de fin de 2026? ¿Se revisaron los antecedentes empresariales vinculados al proyecto?

Mientras las respuestas no lleguen, casi 5 mil millones de pesos del erario público quedan comprometidos con una promesa que, hasta ahora, solo se ha materializado en una de cada cuatro clínicas.