¿Jorge Rodríguez a cambio de María Corina Machado? Esa es la pregunta que flota sobre la mesa de diálogo en Venezuela después de que la administración de Donald Trump decidiera levantar las sanciones que pesaban contra el jefe del Parlamento, hermano mayor de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La coincidencia con la reactivación de las conversaciones entre el régimen chavista y la oposición ha generado todo tipo de especulaciones entre analistas y actores políticos.

La delegación opositora declaró que vuelve a la mesa de negociación con el chavismo con un objetivo claro: «recuperar las instituciones, garantizar las libertades y abrir el camino hacia unas elecciones libres, justas y transparentes».

Este miércoles 14 de octubre comenzó el tercer ciclo del diálogo auspiciado por Estados Unidos. Si bien se tiene previsto que las partes concentren sus esfuerzos en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), también asoma en la agenda el punto de las garantías y derechos políticos.

La oposición ha planteado públicamente que busca que se eliminen las inhabilitaciones políticas que afectan a dirigentes como María Corina Machado. Mientras siga vigente ese castigo, la reciente premio Nobel de la Paz no podrá competir en ninguna elección en Venezuela.

El oficialismo ha utilizado las inhabilitaciones de forma sistemática para anular a sus adversarios políticos. En ese contexto, la exmagistrada chavista Bárbara César Siero, quien ocupó la vicepresidencia de la Sala Político Administrativa del TSJ, denunció hace una semana que el régimen de Nicolás Maduro secuestró a sus dos hermanas y su cuñada —todos oficiales del Ejército— en diciembre de 2023 para presionarla con el fin de que ratificara la medida contra Machado.

Tras la revelación de César Siero, Vente Venezuela, partido de la líder opositora, exigió el retiro inmediato de la inhabilitación:

«La inhabilitación de María Corina Machado, ilegal desde su origen y viciada de nulidad absoluta, fue ratificada mediante una decisión que, sólo se obtuvo porque se utilizó a sus familiares como rehenes, confirmando así la ocurrencia de graves actuaciones delictivas que deben ser objeto de una urgente averiguación».

La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, ha manifestado que uno de los objetivos es que se les devuelva el ejercicio del derecho a participar en procesos electorales a las personas que han sido criminalizadas, perseguidas, exiliadas y a quienes se les ha violado ese derecho.

Machado ni siquiera ha podido volver a Venezuela, luego de salir de forma clandestina en diciembre de 2025 rumbo a Oslo, Noruega, para recoger el Nobel de la Paz. Su equipo ha dicho que ha intentado regresar hasta en siete oportunidades, pero que no le han permitido el ingreso.

El régimen chavista niega que esté impidiendo su retorno, pero Delcy Rodríguez ha dejado claro que si entra a Venezuela, tendrá que responder ante la justicia.

La oposición también plantea que se revierta la intervención judicial contra sus partidos. El TSJ, controlado por el chavismo, impuso directivas desconociendo a los líderes legítimos de estas organizaciones y les arrebató sus símbolos. En esta maniobra también ha participado el Consejo Nacional Electoral (CNE), impidiendo la inscripción y legalización de Vente Venezuela y otras agrupaciones políticas.

«Es un hecho público y notorio que fuimos despojados de nuestras siglas políticas», ha indicado Figuera, representante de Primero Justicia.

Antes del inicio de este tercer ciclo de la negociación, la vocera opositora había subrayado que «sin partidos no hay democracia, estamos comprometidos con esa propuesta y sobre todo a acusar el tema de las inhabilitaciones personales de carácter político».