A poco más de dos semanas de las elecciones de medio término en Estados Unidos, el movimiento opositor "No Kings" (Sin reyes) organizó cerca de 3,000 actos el sábado 17 de octubre en todo el país con un objetivo claro: movilizar a los votantes para que emitan su voto de forma anticipada y dejen un resultado tan contundente que sea imposible de cuestionar.

Fue la cuarta edición de estas manifestaciones desde que Donald Trump volvió al cargo presidencial. El evento coincidió con el inicio del período de voto por adelantado en los comicios legislativos del 3 de noviembre, considerados clave para determinar el control del Congreso, actualmente en manos de los republicanos.

En la manifestación organizada cerca del Capitolio, en Washington, participó Sabine Carlson, maestra jubilada y simpatizante demócrata, quien sintetizó el espíritu del día.

"Está muy bien expresar tu ira, y tenemos largas listas de quejas, pero lo más importante de todo es ir a votar", dijo a la AFP.

El voto anticipado, no es solo un acto de participación cívica sino una estrategia defensiva. La oposición demócrata busca así cortar de raíz cualquier posibilidad de que se den irregularidades o cuestionamientos posteriores al cierre de casillas.

"La mejor manera de evitar cualquier cosa rara por parte de este gobierno después del día de las elecciones es asegurarnos de que nuestra participación sea masiva, tan clara y tan abrumadora que sea imposible de cuestionar", señaló Alma Couverthie, del organismo de vigilancia democrática Common Cause.

Un veterano militar de 52 años, residente en Virginia, acudió a la protesta del sábado buscando una catarsis personal ante la situación que observa en el país.

"Estoy tan desilusionado por aquello que pensaba que estaba defendiendo frente a lo que se ha convertido este país", dijo el hombre, quien prefirió mantener el anonimato.

El contexto de las marchas no puede entenderse sin la ofensiva del gobierno federal contra el voto por correo. El presidente Trump ha criticado abiertamente esa práctica y ha afirmado, sin pruebas, que el fraude electoral le costó las elecciones presidenciales de 2020.

En medio del escenario preelectoral, la administración Trump escaló acciones legales contra el aparato electoral. El jueves, su gobierno demandó a los funcionarios electorales de California, solicitando a un juez que impida al estado contar las papeletas de voto por correo de las elecciones de medio término a personas identificadas como "probables" no ciudadanos, hasta que se confirme su estatus migratorio.

El viernes siguiente, el Departamento de Justicia fue más allá: advirtió que los funcionarios locales que procesen y tabulen papeletas presentadas por presuntos votantes no ciudadanos se exponen a una investigación penal y a un posible enjuiciamiento.

La advertencia provocó una respuesta inmediata del Congreso. Ese mismo viernes, los senadores demócratas Alex Padilla de California, Sheldon Whitehouse de Rhode Island y Dick Durbin de Illinois escribieron al fiscal general Todd Blanche, exigiendo que el Departamento de Justicia se comprometa formalmente a no confiscar boletas ni otros materiales electorales antes de que se certifiquen los resultados de los comicios de medio término.

En el terreno legislativo, la oposición demócrata ha centrado su campaña en temas que golpean directamente la vida cotidiana de los estadounidenses: el costo de vida y una guerra en Oriente Medio que mantiene una alta impopularidad en la opinión pública.

Las encuestas disponibles indican que los republicanos podrían perder el control del Congreso, lo cual alimenta la preocupación de opositores y observadores sobre la posible respuesta del gobierno si los resultados no favorecen al oficialismo. En la mayoría del territorio estadounidense, los votantes tienen permitido emitir su voto por adelantado, a veces con semanas de antelación.