Todas las fotos la recuerdan sonriendo o abrazada a su abuela. En una celebra su noveno cumpleaños, en otra come un helado. El sueño de Ariana Velázquez era trabajar en el campo. Hace una semana que desapareció. Hace apenas unos días que fue hallada muerta, al igual que Miriam Cruz, de 55 años, la mujer que aparece junto a ella en casi todas las imágenes.

Nieta y abuela fueron asesinadas por dos hombres en una comunidad del de Chiapas el 19 de octubre, el mismo día en que la niña, entonces ya de 12 años, había sido vista por última vez.

La respuesta social al crimen llegó de inmediato y en forma de linchamiento contra los dos acusados: uno de ellos fue decapitado y el otro duramente apaleado. Un desbordamiento de violencia que vuelve a enfrentar al país a su espiral, donde el Estado no logra contener la violencia y la calle termina respondiendo con más violencia.

El gobernador chiapaneco, Eduardo Ramírez, emitió un comunicado urgente desde sus redes sociales mientras la turba se arremolinaba en la alcaldía de Ostuacán.

"Quiero pedirle al pueblo de Ostuacán que está congregado en el Parque Central que tengan confianza en que se aplicará la ley. La justicia por propia mano no nos devuelve la paz y sí puede traer más dolor y consecuencias legales para personas inocentes".

De nada sirvió la advertencia digital. De apenas nada la presencia policial que custodiaba a los dos detenidos por el doble asesinato, Armando "N", alias El Melo, y Andrés "N", alias El Cera, a los que la Fiscalía estatal atribuye el móvil de la venganza. Ambos fueron sacados del palacio municipal y sometidos a la fuerza y a la frustración colectivas.

La experta en violencia de la UNAM, Matilde Domínguez, describe la situación como una vorágine donde el propio sistema no logra contener la violencia a través de otro tipo de práctica, sino de la misma violencia.

"El acceso a la justicia es muy lejano institucionalmente, y el sistema te está diciendo que la violencia es lo que te permite acceder".

Manuel Pérez Aguirre, investigador del Colmex, suma a la impunidad tanto percibida como real la debilidad de las policías municipales, que describe como "el eslabón más frágil de la cadena de seguridad mexicana".

"Hay cerca de 2.500 municipios y en la gran mayoría tenemos una fuerza policial de 20, 30 personas distribuidas en turnos, lo que genera que básicamente 10 o 12 personas tengan que repartir seguridad a poblaciones amplias".

Por debajo o por encima de todo eso apuntalan unas raíces culturales que convierten el linchamiento en un recurso no tan infrecuente en zonas rurales o periferias urbanas del centro y el sur del país. El episodio tuvo lugar en el ejido Xochimilco Viejo, en la localidad de Ostuacán, con poco más de 3.000 habitantes.

Los datos son tozudos. Hasta 28 mujeres han sido asesinadas en Chiapas solo entre enero y septiembre de este año, según el Secretariado Ejecutivo. La tasa por cada 100.000 mujeres coloca al Estado en el puesto número 10 a nivel nacional y ligeramente por encima de la media general.

La encuesta sobre las relaciones en los hogares del Inegi de 2021 no muestra un paisaje mucho más alentador. A pesar de que Chiapas es la entidad que reporta menor prevalencia de violencia contra las mujeres, el 48,7% de las mayores de 15 años aseguró haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y el 26,9% durante el último año.

El mismo día que el fiscal chiapaneco apuntaba a la venganza como móvil del doble feminicidio, la dependencia estatal informaba de la vinculación a de un hombre en el municipio de Sabanilla por abuso sexual agravado, de la detención de otros dos en Escuintla y en Tuxtla por pederastia agravada, de la aprehensión de otro en Chiapilla por violencia familiar agravada y de uno más en Siltepec por abuso sexual agravado. Aquí y allá, la salpicadura de casos dibuja un paisaje atroz para las mexicanas.

En el otro frente, la realidad también se impone con fuerza. El Centro de Estudios de Seguridad de la ETH Zúrich documentó 2.818 linchamientos en América Latina entre 2010 y 2019, de los que el 30% habían sucedido en México. Este año, la asociación Causa en Común ha documentado al menos cinco, además del de Chiapas: dos en el Estado de México y sendos en Aguascalientes, Baja California Sur y Tlaxcala.

Aunque en este caso el linchamiento se produjo como respuesta a un crimen brutal, Pérez Aguirre advierte que no siempre ocurre el delito previo: "muchas veces es la misma población actuando bajo creencias". Los motivos pueden ser diversos: por robo, por secuestro, por asesinato o acaso simplemente porque pensaron que la persona lo había hecho.

En esta ocasión, el feminicidio ha sido confirmado por las autoridades, que dan por acreditada plenamente la participación de los dos acusados. El que logró sobrevivir al linchamiento se enfrenta a una posible pena de 100 años, la máxima condena, que es a la que apunta el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca. A su carpeta de investigación se suma ahora la del homicidio del Melo, que no corrió la misma suerte.

Tanto El Melo como El Cera se dieron a la fuga desde el lugar del crimen, pero fueron detenidos poco después. Aunque la Fiscalía ha apuntado a la venganza como móvil, no ha detallado las causas detrás de esta.

En cualquier caso, el veredicto se queda corto para quienes siguen llorando a las dos mujeres y acumulando preguntas que nadie podrá responder.

"¿Por qué matar a una niña que apenas estaba empezando a vivir su vida?"

Se pregunta Salomé Cruz, sobrina de Miriam, en su perfil de Facebook.

"Su sueño era trabajar en el campo. Eso es lo que más anhelaba".

Completa sobre la pequeña Ariana. En su ficha de búsqueda no cabía la vida a la que aspiraba, tan solo un puñado de rasgos que trataron, sin éxito, de definirla: 12 años, tez morena, complexión delgada. Cabello castaño, 32 kilos, 1,40 metros de estatura. Nariz recta, nariz pequeña, labios delgados. Señas particulares: ninguna.