Una multitud irrumpió el 27 de octubre en la presidencia municipal de Ostuacán, Chiapas, y sacó por la fuerza a los dos detenidos que se encontraban bajo custodia de las autoridades locales, en un episodio de violencia que dejó un saldo fatal.

Durante la agresión, uno de los detenidos perdió la vida, mientras que el otro sobrevivió al linchamiento, según los reportes preliminares.

Los dos individuos eran señalados por su presunta participación en el asesinato de una abuela y su nieta de 12 años, un crimen que había generado profunda indignación en la comunidad de Ostuacán.

La Fiscalía General de Justicia confirmó que investiga los hechos y se encuentra en búsqueda de los responsables de la violencia que derivó en la muerte de uno de los detenidos.

El linchamiento ocurrió dentro de un recinto municipal, precisamente el lugar donde las autoridades tendrían la obligación de resguardar a las personas bajo su custodia. La imagen de una multitud que irrumpe en una sede de gobierno para arrastrar detenidos evidencia la fragilidad institucional en la región y la profunda crisis de confianza hacia el sistema de justicia.

El caso suma uno más a la creciente ola de justicia por mano propia en Chiapas, donde la percepción de impunidad ha llevado a comunidades enteras a tomar la ley en sus propias manos, con consecuencias que van desde la agresión hasta el homicidio.