Interpol canceló la ficha roja que durante cinco años buscaba a Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga en 194 países, con efecto a partir del 25 de septiembre de 2025. La decisión, que pone en evidencia las fallas del sistema judicial mexicano, se sustentó en cuatro argumentos centrales planteados por la defensa de la pareja ante el comité del organismo internacional.

La solicitud de cancelación fue presentada el 13 de octubre de 2025, pero la notificación formal a la pareja llegó casi un año después. La orden de aprehensión vigente en México, emitida en 2021 por los delitos de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada, no ha sido cancelada.

Los cuatro argumentos que convencieron a Interpol

La defensa de Gómez Mont y Álvarez Puga construyó su caso ante Interpol en cuatro frentes que ponen en entredicho el propio judicial mexicano:

• Motivación política: Los abogados sostuvieron que el caso responde a una motivación de esa naturaleza, lo cual violaría el artículo 3 del estatuto fundacional de Interpol, que prohíbe al organismo intervenir en asuntos políticos.
• Riesgo de detención arbitraria: De ser entregados a México, la pareja enfrentaría ese peligro derivado del uso de la prisión preventiva oficiosa, figura por la que nuestro país ya fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
• Vulneración al derecho a un juicio justo: La defensa argumentó que la exposición pública masiva del caso desde 2021 habría violentado la presunción de inocencia de ambos, en parte por la ausencia de un poder judicial efectivamente independiente.
• Falta de recurso judicial efectivo: Este fue el argumento con mayor peso en el expediente. El amparo promovido en noviembre de 2021 contra la orden de aprehensión no ha tenido resolución de fondo ni siquiera en primera instancia, pese a casi cinco años de litigio.

El expediente de amparo quedó radicado el 9 de enero de 2022 en un juzgado de la Ciudad de México, donde se impugnaba la orden girada por un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano. Desde entonces, el se estancó por diferimientos de audiencias y, posteriormente, por un conflicto de competencias entre juzgados capitalinos, del Estado de México y de Sinaloa. El caso no fue radicado hasta 2026 en un juzgado de distrito del Segundo Circuito, en territorio mexiquense, tras permanecer cuatro años atrapado en la capital.

Hasta la fecha no existe pronunciamiento judicial que confirme o desestime si los derechos de la pareja fueron violentados, señaló la defensa ante el organismo internacional.

La acusación de la FGR

La Fiscalía General de la República sostiene que la pareja encabezó una estructura criminal que, mediante empresas fantasma, habría desviado recursos federales ligados a contratos con dos Centros Federales de Readaptación Social por 2,950 millones de pesos, correspondientes a la etapa del sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el juez que giró la orden desestimó el señalamiento de que ambos fueran los jefes de esa estructura.

El caso arrancó en noviembre de 2019, cuando la FGR abrió la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/00001339/2019 por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Alejandro Álvarez Puga, hermano del empresario, y otras cinco personas también fueron señaladas como parte de la estructura.

Reacción de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum se adelantó a la confirmación oficial. El 30 de septiembre, durante su conferencia matutina, informó que le habían notificado el retiro de las fichas esa misma mañana.

"Me comentaron hoy en la mañana que le quitaron la ficha roja a Gómez Mont y Álvarez Puga, factureros reconocidos con orden de aprehensión en México, pero con todas las pruebas habidas y por haber."

Sheinbaum anunció que su gobierno solicitará a Interpol conocer las razones de la cancelación y pedirá que las notificaciones sean reactivadas. "Vamos a solicitar que se recupere la ficha roja porque, si van a otro país, pues tiene que ser bajo orden de aprehensión porque son delincuentes", declaró.

El 8 de octubre la mandataria reiteró su exigencia y la vinculó con la cooperación judicial bilateral. "Estamos pidiendo su extradición. Pedimos reciprocidad, porque no se puede estar pidiendo de un lado y no responder del otro", afirmó, en referencia al gobierno de Estados Unidos.

Antecedentes y ruta de evasión

El antecedente fiscal de Gómez Mont es anterior al expediente penal. En 2018 llegó a un acuerdo con el SAT por 10.9 millones de pesos en impuestos omitidos, del cual dejó un remanente de 2.6 millones de pesos sin cubrir.

Apenas se reveló la investigación por lavado de dinero, la pareja salió de México rumbo a Florida. El panorama judicial de ambos se desplegó así:

• 29 de septiembre de 2021: El juez Iván Aarón Zeferín Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, giró diez órdenes de aprehensión.
• Días después: A solicitud de la Fiscalía, Interpol activó la ficha roja.
• Diciembre de 2021: Ambos solicitaron a la FGR un "criterio de oportunidad" para colaborar a cambio de evitar prisión; la Fiscalía lo rechazó en enero de 2022.
• Enero de 2022: La FGR detuvo a tres de los ocho implicados en el esquema.
• Noviembre de 2022: Una demanda civil en Estados Unidos expuso el patrimonio inmobiliario de la pareja en Florida, con propiedades valuadas en más de 11 millones de dólares.
• 2023: La UIF los incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas y congeló sus cuentas; la defensa logró revertir la medida mediante un amparo ratificado por un tribunal colegiado.
• 4 de marzo de 2025: Por orden del Poder Judicial, la UIF reanudó todos los servicios financieros de la pareja. Su titular, Pablo Gómez, calificó públicamente esa decisión de "corrupción judicial".
• 24 de septiembre de 2025: El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos detuvo a Álvarez Puga por situación migratoria irregular en Miami. Obtuvo libertad bajo fianza y espera audiencia migratoria para noviembre.
• 25 de septiembre de 2025: Interpol hace efectiva la cancelación de la ficha roja.

Una novela que se le atravesó en la cronología

Mientras enfrentaba el , Gómez Mont publicó el 11 de septiembre su primera novela, Ley de Fuego, un thriller legal sobre una abogada penalista que defiende a un empresario acusado de delincuencia organizada. Dos semanas después del lanzamiento, Interpol notificó la cancelación de la ficha roja contra ambos.

La historia del caso deja una evidencia incómoda: la lentitud del aparato judicial mexicano, incapaz de resolver un amparo en cinco años, terminó siendo el argumento más poderoso que la defensa presentó ante un organismo internacional para liberar a dos de los prófugos más mediáticos del país.