Texas proclamó que nueve islas del río Bravo, en la frontera con México, pertenecen al estado y no a nuestro país. La decisión unilateral fue anunciada por la comisionada de tierras de Texas, Dawn Buckingham, y ha generado sorpresa tanto entre los habitantes de ambas orillas como entre los funcionarios mexicanos.

La declaración llega dos semanas después de que militares estadounidenses comenzaron a desembarcar en helicópteros en una de estas islas, situada entre Texas y Miguel Alemán, Tamaulipas, como parte de un operativo para asegurar la frontera. En ese momento no había certidumbre sobre a quién pertenecía el territorio.

Buckingham sostuvo que las nueve islas habían sido utilizadas por cárteles mexicanos para el tráfico de drogas y de personas, y utilizó ese argumento como fundamento para declarar la titularidad de Texas sobre el territorio.

"El territorio de Texas nunca se convertirá en un refugio seguro para cárteles, traficantes de personas, contrabandistas u otras organizaciones", afirmó la comisionada.

Las nueve islas declaradas como parte de Texas abarcan aproximadamente 66 acres y están ubicadas a lo largo del río Bravo, entre Eagle Pass y McAllen, precisamente en el tramo donde se colocaron recientemente las boyas fronterizas.

El anuncio provocó sorpresa e incertidumbre entre los habitantes de ambos lados de la frontera. Algunos expresaron preocupación por el impacto que la medida podría tener en la comunidad mexicana y advirtieron que la tensión se notará cada vez más.

No obstante, la declaración unilateral de Texas carece de validez jurídica. La Comisión Internacional de Límites y Aguas es la única autoridad competente para delimitar, decidir o cambiar la línea fronteriza, así como para definir la propiedad de las islas en el río Bravo.

Los límites territoriales entre México y Estados Unidos son producto de tratados internacionales, y cualquier modificación requiere el aval de los gobiernos federales de ambos países. Un solo estado no tiene facultad para alterar una frontera internacional por decreto propio.

Funcionarios mexicanos, contactados tras el anuncio, se mostraron sorprendidos por la noticia y señalaron que no tienen conocimiento de que exista un pronunciamiento oficial previo ni un estudio técnico que sustente la medida, sin hacer declaraciones formales al respecto.