El Gobierno de Texas se apoderó de manera unilateral de nueve islas ubicadas en el Río Bravo, a la altura del tramo fronterizo entre Laredo y McAllen, tras determinar que estos territorios acuáticos «no tenían dueño establecido». La decisión, comunicada este martes a través de un comunicado oficial, inyecta una nueva tensión al delicado tema de la soberanía territorial entre México y Estados Unidos.

Dawn Buckingham, comisionada de Tierras de Texas, otorgó la autorización para que el Ejército de ese Estado pueda acceder, limpiar y patrullar los nueve islotes, «con el fin de mantener la seguridad operativa» de la frontera sur. En un oficio enviado el pasado 26 de octubre al general Thomas Suelzer, comandante y jefe ejecutivo del Departamento Militar de Texas, y al coronel Freeman Martin, director del Departamento de Seguridad Pública estatal, Buckingham justificó la medida como parte de una labor continua para determinar la titularidad de las islas en el río.

«Si bien no hemos confirmado la existencia de actividades delictivas en estas islas adicionales, la experiencia previa ha demostrado que las islas fronterizas pueden ser aprovechadas por cárteles y contrabandistas».

La solicitud partió de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que informó sobre 28 islas dentro del Río Bravo cuya propiedad «no se había establecido». La Oficina General de Tierras de Texas (GLO) determinó, a partir de mapas históricos, levantamientos topográficos, fotografías aéreas y otros registros geográficos, que el Estado podría acceder a al menos nueve de ellas.

El Gobierno mexicano respondió con celeridad y recordó que el Tratado de Límites firmado el 23 de noviembre de 1970 entre México y Estados Unidos establece que la frontera sigue el centro del cauce normal del río. En consecuencia, la pertenencia de las islas puede variar debido a los movimientos naturales del cauce —erosión, sedimentación, inundaciones— y corresponde únicamente a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) determinar el límite internacional.

«En ese sentido, cualquier obra o acción que se pretenda realizar en estas islas requiere la consideración y aprobación de ambas secciones de dicha Comisión de conformidad con lo establecido en el Artículo IV del Tratado».

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México enfatizó que el Tratado de Límites fue suscrito específicamente para resolver diferendos limítrofes, restituir al Río Bravo su carácter fronterizo y regular futuros cambios en los cauces de la cuenca. Hasta el cierre de esta información, la CILA no respondió las solicitudes de contacto, tanto por su sección mexicana como por la estadounidense.

Rosario Sánchez, directora de la organización sin fines de lucro Aguas Binacionales —una institución de científicos y expertos en agua dedicada a mejorar la resiliencia de este elemento en la región fronteriza—, fue contundente al señalar que las decisiones sobre límites y aguas federales «no es un tema ni una decisión estatal».

La CILA es la única que puede decidir si las islas o el canal del río se mueven dadas las condiciones naturales por erosión, sedimentación o por una inundación, y si constituye o no un cambio a la frontera.

Gabriel Eckstein, académico experto en derecho del agua de la Universidad de Texas A&M y presidente de la Asociación Internacional de Derecho de Aguas, matizó que la verdadera pregunta no es si Texas se está apropiando de territorio mexicano, sino más bien: ¿está reclamando islas que ya pertenecen al gobierno federal estadounidense? Si una isla formaba parte de Texas cuando este se convirtió en Estado en 1845 y permaneció como territorio estadounidense conforme al tratado de 1970, podría argumentarse que es propiedad estatal. Pero si fue adquirida por Estados Unidos a México en virtud de ese mismo tratado, entonces pertenece al gobierno federal.

Sin embargo, Eckstein fue claro en que afirmar, como lo ha hecho Texas, que estas islas «no tenían dueño» es incorrecto, ya que los límites y la titularidad estaban establecidos mediante tratados internacionales.

Texas sostiene que estas islas están siendo utilizadas por cárteles, lo que complica la situación, porque intentan ejercer su autoridad debido a preocupaciones relacionadas con la inmigración ilegal y el narcotráfico.

Antecedente inmediato: en 2023, la Oficina General de Tierras de Texas declaró la isla Fronton —de 170 acres, ubicada en el condado de Starr— como terreno estatal. Tras dicha declaración, el Departamento de Seguridad Pública y el Ejército eliminaron la vegetación mediante la operación Flat Top, lo que contribuyó a desarticular actividades delictivas en el lugar. Ese caso se encuentra actualmente en el tablero de la CILA.

La secuencia completa queda así: Texas pide a Aduanas y Protección Fronteriza qué islas no tienen titularidad; la GLO dice que usa mapas y fotografías para determinarlo; la comisionada autoriza al Ejército estatal a entrar; México señala que el Artículo IV del Tratado de 1970 exige aprobación de la CILA; y la CILA no contesta el teléfono.