El Pentágono autorizó la prueba de un dispositivo de energía dirigida capaz de emitir un rayo de calor invisible con alcance de casi una milla y media, destinado a evaluarse para su eventual uso en la frontera entre Estados Unidos y México, de acuerdo con una investigación de CNN publicada este jueves 23 de octubre de 2026.

El dispositivo emite un haz de calor invisible que alcanza una distancia cercana al equivalente a una milla y media, lo que lo convierte en un arma de área de efecto considerable. El aparato no dispara proyectiles ni utiliza munición convencional, sino que aplica energía térmica a distancia como método de control.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) contará con un plazo de siete meses para realizar la evaluación del dispositivo. Durante ese periodo, las autoridades podrán determinar las condiciones técnicas, operativas y legales bajo las cuales el instrumento podría eventualmente incorporarse a las estrategias de seguridad fronteriza.

Sin embargo, el despliegue real del arma todavía no ha sido autorizado. Las autoridades señalaron que existen riesgos significativos asociados con su empleo, lo cual ha llevado a mantener el proyecto en fase de prueba y evaluación, lejos de una puesta en servicio activa.

La noticia llega en un contexto de escalada constante en la política migratoria del gobierno de Estados Unidos, donde las operaciones de patrullaje y control fronterizo han incrementado su intensidad durante los últimos meses. En ese escenario, la incorporación de tecnología de energía dirigida como herramienta de frontera representa un salto cualitativo en los métodos disponibles para las agencias de seguridad estadounidenses.

Los dispositivos de energía dirigida que utilizan calor invisible han generado controversia previamente por su uso en contextos militares y de control de disturbios. Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre los riesgos de aplicar este tipo de tecnología contra civiles, particularmente en zonas donde la población migrante cruza de manera irregular.

El plazo de siete meses otorgado al DHS para la evaluación del dispositivo abrirá una ventana crítica durante la cual se determinará si el aparato cumple con los estándares técnicos y legales requeridos para cualquier forma de implementación operativa en la frontera sur de Estados Unidos.