José Alfredo Hernández Casillas se encuentra bajo escrutinio federal tras revelarse su papel como operador y beneficiario de una red de proveeduría de materiales electorales que obtuvo contratos millonarios con el Instituto Nacional Electoral (INE), en paralelo a su cercanía con la consejera Guadalupe Taddei.

El empresario se ha desarrollado principalmente dentro de la proveeduría de insumos electorales. Sus empresas se especializan en la fabricación de mamparas plegables, urnas de plástico, cajas contenedoras de paquetes electorales, papelería de seguridad y boletas, es decir, el conjunto material con el que se ejecutan las jornadas electorales en todo el país.

A través de una red común, las compañías han concursado y ganado asignaciones en procesos electorales tanto a nivel federal como estatal. Investigaciones periodísticas también documentaron nexos con contratos de gran escala relacionados con insumos y servicios de producción del organismo electoral.

Hernández Casillas está presuntamente vinculado a una red de al menos siete empresas dedicadas a la fabricación y suministro de insumos electorales. Las firmas identificadas son:

• Cajas Graf y Corporativo Zeg
• Formas Finas y Materiales
• Seriplast de México
• Diseño, Reconstrucción y Comunicación
• Formas Finas Fernando Fernández
• Comercializadora Grupo Selati
• TOL Producciones

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió un expediente sobre las operaciones financieras de Hernández Casillas y sus firmas asociadas. La indagatoria abarca la presunta simulación de competencia en los procesos de licitación, así como el uso de supuestas empresas de papel o «factureras» para la triangulación de flujos de efectivo.

Además de los flujos financieros atípicos, la investigación incluye movimientos de recursos entre las contratistas y cuentas vinculadas a allegados o funcionarios del entorno electoral, de acuerdo con los reportes que motivaron las indagatorias.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició también una investigación de oficio sobre contrataciones del INE y de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) por montos que superan los 500 millones de pesos vinculados a este grupo de proveedores.

La investigación de la ASF abarca la legalidad de los procedimientos de adjudicación, la posible existencia de sobreprecios, el cumplimiento material de las entregas, y el presunto conflicto de interés o colusión entre funcionarios públicos y los representantes de las empresas.

Una de esas compañías, TOL Producciones, contratada por el INE y por OPLEs con montos de más de 330 millones de pesos a nivel federal y 30 millones a nivel local, se encuentra bajo investigación por operaciones simuladas.

La consejera Guadalupe Taddei negó en su momento haber favorecido a empresas proveedoras, calificó los señalamientos como ataques políticos y descartó inicialmente separarse de su cargo.

La consejera calificó los señalamientos como ataques políticos y descartó en un inicio separarse de su cargo.

Sin embargo, el pasado domingo anunció que presentaría su renuncia el 26 de octubre, argumentando que su dimisión busca resguardar la estabilidad de la institución encargada de organizar las elecciones en el país.

La dimisión busca resguardar la estabilidad de la institución encargada de organizar las elecciones.

El caso expone una contrariedad de proporciones institucionales: la persona que fabricaba los instrumentos físicos con los que se ejerce el voto —urnas, boletas, mamparas, cajas para paquetes electorales— tenía, un canal directo hacia la alta consejería del organismo que organiza los comicios. Y eso sin contar las investigaciones federales que siguen su curso.