La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) elevó una petición directa a la presidenta Claudia Sheinbaum: solicita la emisión de un decreto presidencial que reconozca su actividad económica y atenúe el impacto de la reciente modificación a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la cual, pone en riesgo el cierre de 1,000 agencias de autos y 70,000 empleos en todo el país.

Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA, fue quien encabezó la demanda empresarial, señalando que la combinación de la limitación a la deducción de gastos y el incremento de los pagos provisionales en el ISR, sumado al impacto arancelario que ya padece la industria automotriz, crea una tormenta perfecta que podría eliminar hasta 30% de las agencias asociadas a la gremial.

«Consideramos que existe una alternativa para que el Ejecutivo a través de un decreto reconozca las actividades como la nuestra, de bajo margen de ingresos y no por abuso, sino como parte del modelo de negocio, que nos permita atenuar el impacto de esta modificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta», señaló Rosales Zárate.

El mecanismo del problema es técnico pero sus consecuencias son concretas. La modificación a la Ley del ISR, aprobada por el Poder Legislativo, limita la deducibilidad de gastos a un máximo de 96.6%. La intención original de la iniciativa gubernamental era prevenir abusos fiscales, en particular el uso de facturas falsas como mecanismo de evasión. Sin embargo, la fórmula algebraica que rige el cálculo no contempla la capacidad contributiva real de cada sector, lo que provoca un efecto inverso al deseado.

En la distribución automotriz, la utilidad antes de impuestos de las empresas distribuidoras de vehículos oscila entre 1% y 3%, según datos de la propia AMDA. Este rango de márgenes tan estrecho convierte al límite de deducibilidad en lo que Rosales Zárate describió como «un torpedo por debajo de la línea de flotación que llevará a pagar Impuesto Sobre la Renta sobre una utilidad que no existe».

Los números ilustran la magnitud del problema con claridad contundente:

• Con una utilidad de 2% sobre ventas, la tasa efectiva de ISR pasaría de 30% a 50%.
• Con una utilidad de 1%, la tasa efectiva de ISR sería del 100%.
• Con una utilidad de 0.5%, la tasa efectiva del impuesto alcanzaría el 200%.

Es decir, bajo los supuestos más ajustados, una agencia con utilidad mínima terminaría pagando en impuestos el doble de lo que realmente ganó. La lógica es simple: a menor margen de utilidad, mayor tasa efectiva de ISR. No hay capacidad contributiva que sostener porque, simplemente, no hay utilidad suficiente.

«Desde el Ejecutivo se debe considerar con toda profundidad no generar un impacto que lleve al cierre a las empresas, como las nuestras, que no utilizan un esquema de abuso fiscal», dijo Rosales Zárate.

La petición de la AMDA no se limita a una cuestión meramente fiscal. La gremial explicó que la producción y exportación de las armadoras automotrices establecidas en México ha disminuido de manera significativa como consecuencia de la política comercial de Estados Unidos. Ante este escenario, una de las estrategias para evitar el cierre de líneas de producción en el país es incrementar la producción nacional para satisfacer un mayor porcentaje de las ventas locales. Sin embargo, esa alternativa también se ve comprometida: al debilitarse la red de distribuidores, se reduce el canal de salida para los vehículos que se fabrican en México.

La AMDA sostiene que su modelo de negocio no se sustenta en esquemas de abuso fiscal, sino en márgenes intrínsecamente bajos propios de la comercialización de vehículos. Por ello, pide que el Ejecutivo emita un decreto que reconozca la naturaleza de bajo margen de su actividad y les permita mantenerse en operación sin ser asfixiados por una carga tributaria que, en la práctica, les exige pagar por utilidades que nunca obtuvieron.

La pelota está, como señala la propia gremial, en la cancha del Ejecutivo federal. Mientras tanto, 70,000 empleos y la red de distribución automotriz del país quedan suspendidos de un hilo fiscal.