Ante la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificó de manera radical sus labores de supervisión en materia de prevención de lavado de dinero. El salto es contundente: de un promedio de 26 visitas de verificación al año se pasó a 1,400 inspecciones anuales a partir de 2024.

Durante el foro "Compliance para Activos Digitales", organizado por Wavy Node y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sergio Renato Aguirre Cisneros, exdirector de Análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que el incremento fue posible gracias a la capacitación de más personal del SAT para realizar estas inspecciones.

No sabíamos qué iba a pasar cuando empezara la quinta ronda de evaluación mutua del GAFI, cuando dijeron: 'Tienes un universo de más de 120,000 obligados, nada más has hecho 40 visitas'. Entonces era complicado, por lo que ahí se incrementaron las visitas y se capacitó a la mayoría del personal

Señaló Aguirre Cisneros durante su intervención.

El especialista advirtió que las empresas que no entreguen correctamente la información requerida durante las verificaciones se exponen a sanciones económicas, por lo que recomendó mantener su documentación en orden y contar con asesoría especializada para atender los requerimientos de la autoridad.

Como ejemplo, mencionó dos casos en los que las multas alcanzaron cifras millonarias:

• Multa de 110 millones de pesos en el Estado de México, impuesta a una brindadora de servicios.
• Multa de 226 millones de pesos en Monterrey, la más alta registrada.

Había una multa de 110 millones de pesos para una brindadora en el Estado de México, había una de 226 millones de pesos en Monterrey, como las más grandes, pero el tema es que la información la tenían, nada más que había un error en cómo la presentaban

Explicó el exdirector de la UIF.

Por su parte, Paulina Verástegui Lira, consultora de investigación económica y financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), consideró necesario que las autoridades mexicanas y la iniciativa privada refuercen su colaboración para combatir el lavado de dinero, de cara a la próxima evaluación del GAFI.

El BID siempre trata de tener relación con todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, con México se ha estado platicando todo este tema, sobre todo en la necesidad de adoptar nuevas tecnologías para identificar alertas y flujos ilícitos, además de abrir el diálogo entre el sector privado y el sector público para hacer una comunicación mucho más efectiva

Dijo Verástegui Lira.

La especialista del BID explicó que el organismo comenzó a establecer conversaciones con el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y las instituciones encargadas de combatir el lavado de dinero para desarrollar mecanismos de cooperación. Entre las prioridades mencionadas se encuentran:

• La incorporación de nuevas tecnologías para detectar operaciones inusuales y posibles flujos de recursos ilícitos.
• Mejorar el intercambio de información entre las autoridades y las empresas.

En tanto, Alejandro Ramos, CEO y cofundador de Wavy Node, consideró que uno de los principales pendientes de México ante el GAFI es fortalecer la investigación y judicialización de casos de lavado de dinero, particularmente aquellos relacionados con activos virtuales.

El directivo planteó la necesidad de contar con fiscalías especializadas en delitos que involucren criptomonedas, ante el uso de estas tecnologías y los retos que representa la delincuencia organizada.

En ocasiones los recursos del gobierno son limitados y tener recursos específicos solo para investigar delitos cibernéticos con cripto es importante, más por el panorama que enfrenta el país en materia de delincuencia organizada y por la cantidad de usuarios que tenemos utilizándolos

Señaló Ramos.

El CEO y cofundador de Wavy Node reconoció los esfuerzos de las autoridades mexicanas para combatir el lavado de dinero, aunque consideró necesario fortalecer las capacidades de investigación mediante organismos especializados que permitan detectar y perseguir nuevas modalidades de operaciones ilícitas.