La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) resolvió un caso que deja en evidencia una de las maniobras más descaradas de captura de contratos públicos de la última década: nueve empresas y siete personas vinculadas al Grupo Soluciones orquestaron durante diez años un esquema de competencia simulada para quedarse con adquisiciones y arrendamientos de tecnología del Gobierno mexicano.

La multa asciende a 67 millones de pesos. El período de la infracción va de 2012 a 2022. Los procedimientos afectados sumaron 14 ocasiones: cuatro licitaciones públicas y diez invitaciones restringidas, en las que las empresas presentaban ofertas coordinadas, separadas y simultáneas como si fueran competidoras genuinas.

El problema es que no lo eran. Las nueve empresas pertenecían al mismo grupo de interés económico, y sus accionistas y administradores estaban unidos por parentesco, amistad o relaciones laborales.

“Las nueve empresas pertenecen al mismo grupo de interés económico. Los accionistas y administradores de las empresas tienen parentesco, amistad y/o laborales con los accionistas y/o administradores.”

La Comisión calificó esta práctica como un monopolio absoluto, que ocurre cuando agentes económicos con posiciones de poder acuerdan no competir entre sí para manipular los resultados de un mercado. En este caso, el mercado eran los contratos federales de tecnología.

El mecanismo tenía nombre propio dentro del Grupo Soluciones: “La Fábrica de Licitaciones”. Se trataba de un grupo de empleados cuya función era decidir cuál de las nueve empresas participaría en cada procedimiento y elaborar las propuestas técnico-económicas correspondientes.

“Un grupo de empleados de Grupo Soluciones, conocido internamente como ‘La Fábrica de Licitaciones’, decidía qué empresa del Grupo Soluciones participaría en cada procedimiento, y elaboraba sus propuestas técnico-económicas.”

Una vez decidida la empresa que haría de “competidora”, el resto del grupo se encargaba de presentar ofertas coordinadas que garantizaran el resultado deseado. Además, fijaban precios de servicios hasta un 40% por arriba del costo real, de modo que el Estado terminaba pagando más de lo que el mercado habría dictado en condiciones de competencia verdadera.

Los contratos se dirigían a 12 dependencias federales de alto impacto. Entre las instituciones afectadas:

• Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
• Comisión Nacional del Agua (Conagua)
• Pemex
• Instituto Nacional de Medicina Genómica
• Secretaría de Economía
• Instituto Nacional de Perinatología
• Telecomunicaciones de México
• FOVISSSTE
• Fonatur
• ISSSTE
• Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral

Los procedimientos cubrían adquisición o arrendamiento de equipos de cómputo, impresión, telecomunicaciones y seguridad, entre otros bienes y servicios de tecnología de la información y comunicación, un rubro que ha cobrado relevancia creciente conforme el Gobierno ha ampliado la digitalización de trámites y gestiones.

Las nueve empresas sancionadas son:

• Soluciones Tecnológicas Especializadas, S.A. De C.V.
• Ofi Store, S.A. De C.V.
• Factoría de TI, S.A.P.I. De C.V.
• Altum Tecnologic, S.A. De C.V.
• Distribuidora y Comercializadora Bossanova, S.A. De C.V.
• Ofiequipos P.C., S.A. De C.V.
• Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalaciones, S.A. De C.V.
• DSTI México, S.A. De C.V.
• Ingeniería de Cómputo y Aplicaciones, S.A. De C.V.

La autoridad destacó que estas empresas tenían un historial extenso celebrando contratos con el Gobierno, lo que les permitía conocer a fondo el de licitaciones y aprovechar esa experiencia para blindar sus operaciones. Diez años de contratos amañados, una fábrica interna de propuestas y doce dependencias federales que terminaron pagando sobreprecio por servicios que nunca pasaron por una competencia real.