Un hombre de 39 años con esquizofrenia paranoica lleva casi un año detenido en un centro de custodia de ICE en Indiana, pese a que los registros médicos y civiles dejan claro que es ciudadano estadounidense. Así lo reveló una investigación periodística que expone las fallas más profundas del sistema de inmigración bajo la administración Trump.

Phillip James, quien también usa el nombre Felibi Siagha-Coke, se encuentra recluido desde principios de enero en el Miami Correctional Facility, una prisión de máxima seguridad ubicada a unos 112 kilómetros al norte de Indianapolis, apodada "Speedway Slammer" por la actual administración federal.

La ironía más cruda del caso es que las autoridades de Seguridad Nacional y de inmigración parecen haber aceptado el relato que el propio James construyó desde sus delirios, sin ninguna verificación documental. Este hombre, representándose a sí mismo ante los tribunales, insistía en haber nacido en Jamaica y en haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos. Además afirmaba ser el hijo ilegítimo de un ex primer ministro jamaicano y descendiente de la realeza libanesa.

La investigación periodística no encontró evidencia alguna que respaldara esas afirmaciones. Sin embargo, fueron precisamente esas elucubraciones las que las autoridades inmigratorias tomaron por ciertas.

Lo que sí existe, y está perfectamente documentado, es un acta de nacimiento emitida en 1987 por el condado de Orange, Florida, que acredita a Phillip James como hijo de una madre ciudadana estadounidense y un padre de nacionalidad jamaicana. Además, una demanda de paternidad iniciada en 1988 confirmó la identidad de sus padres biológicos, su lugar de residencia y su lugar de nacimiento, información que coincide con el acta.

Los abogados que actualmente representan a James presentaron estos documentos ante las autoridades. No obstante, el gobierno federal revocó su pasaporte y afirmó que el acta de nacimiento presentada con su documento original era falsa, sin ofrecer pruebas contundentes que sustentaran esa afirmación.

El episodio que desencadenó su detención comenzó en 2024, cuando James —por razones que no han sido determinadas— presentó múltiples solicitudes de ciudadanía estadounidense y de protección contra la deportación. En esos trámites, él mismo insistió en haber nacido en Jamaica, aseguró haber sido adoptado por padres estadounidenses y falsamente declaró que había nacido en 1992. También adoptó un nombre nuevo: Felibi Siagha Baladi Kambil Coke.

Las autoridades negaron su solicitud y revocaron su pasaporte. En diciembre de 2025, ICE inició procedimientos de remoción cuando James vivía en la ciudad de Nueva York. Fue detenido tras una audiencia de inmigración.

Funcionarios jamaicanos confirmaron que ese país no tiene registro alguno de nacimiento ni de ciudadanía a nombre de James. Los abogados del detenido están impugnando su orden de deportación ante el Tribunal de Apelaciones de Inmigración. Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha admitido ningún error. La oficina del gobernador de Indiana, Mike Braun, se negó a emitir comentarios.

El posible arresto ilegal de un ciudadano estadounidense constituye solo la última controversia en el Miami Correctional Facility, que alberga hasta 1,000 detenidos de inmigración bajo un acuerdo que el gobernador Braun firmó con la administración Trump. Se trata de uno de los centros de detención más grandes del Medio Oeste.

Una investigación previa encontró que la prisión de máxima seguridad, que también aloja a reclusos estatales, estaba completamente despreparada para recibir el flujo de detenidos de ICE. Esto provocó escasez severa de personal y enormes retrasos en la atención médica que no se reportaban completamente al gobierno estatal. Dos detenidos han muerto desde que el centro comenzó a recibir transferencias de ICE en octubre.

• Escasez severa de personal de custodia y atención médica.
• Masivos retrasos en la atención médica a detenidos.
• Dos muertes de detenidos desde octubre.
• Reintegro de 195 mil dólares al estado tras auditoría ordenada por el gobernador.
• Despido de un empleado del proveedor médico privado de la prisión.
• Derivación al Inspector General de Indiana.

La auditoría ordenada por el gobernador Braun en respuesta a las investigaciones periodísticas derivó en la recuperación de 195,000 dólares del proveedor privado de servicios médicos de la prisión, el despido de uno de sus empleados y una derivación formal ante el Inspector General de Indiana.

Antes incluso de que la prisión comenzara a recibir detenidos de ICE, ya figuraba como una de las cárceles más mortales del estado. Investigaciones anteriores habían documentado que la violencia estaba impulsada por un floreciente mercado de drogas operado por pandillas dentro del propio penal.