México corre un riesgo que no es menor: perder el grado de inversión. Esa es la alerta que lanzó Mariana Campos, directora de México Evalúa, durante un panel sobre crecimiento, inversión, comercio y contexto macroeconómico, organizado por la red Las Economistas.

Según la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), el próximo año los ingresos petroleros sumarán 984,500 millones de pesos, lo que representa una caída de 20.8% en comparación con lo aprobado para este año. Es decir, el erario va a perder más de un quinto de lo que esperaba cobrar del petróleo.

Campos señaló que las tres presiones que enfrenta el país son acumulativas: un déficit fiscal elevado, el sostenimiento de las finanzas y los apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex), y la incertidumbre comercial derivada de la revisión del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá.

«Llegamos a un punto este año en donde el principal riesgo macroeconómico que tenemos en México es perder el grado de inversión, y esto tiene que ver mucho con que hemos estado estancados con los ingresos en relación deuda PIB», indicó.

La advertencia no es teórica. Una calificadora ya revisó a la nota soberana de México a la baja, producto de años de ingresos públicos estancados frente al crecimiento del déficit fiscal. Además, la reducción de ingresos petroleros y las decisiones de sacrificar ingresos para ayudar a la petrolera agravan el panorama.

«Un despropósito del Paquete Económico 2027 es la propuesta para disminución de los ingresos petroleros. En este momento, México no puede sacrificarlos», aseveró Campos.

Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico de Monex, coincidió en que la resolución de la incertidumbre comercial es un elemento crucial para definir las reglas del juego a mediano y largo plazo. Recordó que la duda sobre la revisión del T-MEC ya ha frenado proyectos de inversión que esperan ver en qué condiciones quedarán los tres países involucrados.

Ana María Aguilar, directora del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), abogó por preparar el terreno para firmar contratos con reglas más flexibles y revisiones continuas, de modo que la revisión del T-MEC no paralice la inversión.

«Tenemos que prepararnos para firmar contratos con reglas más flexibles, con revisiones más continuas, de manera que esto no sea un tema que nos preocupe, que nos inquiete o nos paralice», indicó.

Del lado de las finanzas, Soraya Pérez, presidenta de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (Unifimex), subrayó que el reto del país es crecer más de lo que ya se hace, pero que ese crecimiento debe distribuirse mejor: combatiendo la pobreza, la desigualdad y las brechas de género en el sector productivo.

En un panel posterior, Irene Espinosa, consejera del Grupo Aserta y ex subgobernadora del Banco de México (Banxico), advirtió que el gasto corriente ha desplazado a la inversión pública, y que la calidad de esa inversión se ha deteriorado.

«No le debe costar al erario perpetuamente a través de mantener proyectos de inversión que no son productivos. ¿Y estos qué ha generado? Déficits crecientes y con ello llevamos 10 años con una deuda creciente», aseveró.

Espinosa enfatizó que, más allá del nivel absoluto de la deuda como porcentaje del PIB, lo verdaderamente preocupante es la tendencia: creciente durante los últimos años. Al cierre del año pasado, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubicaron en 4.8% del PIB, luego de alcanzar un nivel histórico de 5.7% en 2024. Para este año se espera que cierre en 4.1%.

El Saldo Histórico de los RFSP, la deuda en su medida más amplia, se espera que termine este 2026 en un nivel histórico de 54% del PIB.

Con todos estos frentes abiertos, la pregunta que queda flotando es si México puede sostener el grado de inversión mientras combina un déficit fiscal en expansión, un Pemex que sigue requiriendo apoyos del erario y una revisión del T-MEC que todavía no tiene resolución.