La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a la administración del presidente Donald Trump para restringir una política que permitía a los jueces de inmigración archivar de manera temporal miles de casos de deportación al año. La resolución, emitida este martes sin firma y sin explicaciones detalladas, rechaza la apelación presentada por las ciudades de Baltimore, Columbus (Ohio) y New Haven (Connecticut), junto con un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes.

Quienes apelaban buscaban intervenir en la querella para respaldar la normativa aprobada durante el mandato de Joe Biden y revertir una orden judicial previa emitida en el estado de Texas.

La controversia gira en torno al mecanismo conocido como “cierre administrativo”, un procedimiento utilizado desde 1990 que ha beneficiado a unos 360,000 migrantes. Mediante esta práctica, los casos no quedan desestimados de forma definitiva, sino pausados, lo que permite reabrirlos en el futuro.

El camino hacia esta decisión judicial fue trazado por el propio Ejecutivo. Tras la llegada de Trump al poder, el Departamento de Justicia respaldó una demanda interpuesta por el estado de Texas para frenar la política de la era Biden. La estrategia tuvo éxito: un juez federal dictó una orden judicial permanente que bloquea esta herramienta.

Los defensores de los inmigrantes sostienen que el cierre administrativo descongestiona el saturado sistema judicial y protege a poblaciones vulnerables —como menores abandonados o víctimas de delitos— mientras gestionan su permanencia legal en el país.

De otro lado, los sectores opositores señalan que esa discrecionalidad judicial funciona como una forma de amnistía encubierta, argumento que ha sido la base central de la estrategia legal del gobierno de Trump.

El fallo de la Corte Suprema no ofrece justificaciones detalladas sobre las razones tras el rechazo a la solicitud de intervención de las ciudades apelantes, consolidando así el giro restrictivo en la política migratoria del Ejecutivo estadounidense y dejando a cientos de miles de migrantes sin la herramienta que durante más de tres décadas sirvió como válvula de escape en un sistema de tribunales de inmigración colapsado.