La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia «Maru» Campos, salió por primera vez a pronunciarse sobre el arresto de su exfiscal César Jáuregui, señalado como el principal responsable del operativo antinarco en el que participaron de manera ilícita dos agentes de la CIA de Estados Unidos.

La mandataria respaldó públicamente la detención de Jáuregui, un político que había sido uno de sus colaboradores más cercanos, y con ello lo dejó caer.

«La cooperación con autoridades de otros países es legítima y necesaria, pero debe darse con apego a la ley como siempre lo habíamos venido haciendo, es decir, a través de los conductos institucionales. Así actúa mi Gobierno, y así lo exigiré a todas las instituciones a mi cargo».

La gobernadora pronunció estas palabras a través de un video, en el que también reafirmó que su distanciamiento del exfuncionario es de fondo, no de circunstancias.

«Nadie que haya servido en mi Gobierno, nadie, está por encima de la ley en Chihuahua. La ley se aplica sin distinción, aquí no se protege a nadie ni se persigue a nadie».

El exfiscal fue detenido el pasado sábado, a raíz de dos investigaciones en curso a cargo de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía de Chihuahua. La defensa de Jáuregui ha reprochado la captura a Campos, a la que ha acusado de traidora por no haber defendido a quien durante años fue su aliado más cercano.

El caso supone una ruptura en el PAN de Chihuahua, que hasta ahora había cerrado filas en torno a la mandataria y su exfiscal frente a las presiones del oficialismo. Con esta declaración, Campos confirmó su distanciamiento total y rompió la unidad que el partido intentaba preservar.

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum también defendió la detención de Jáuregui, acusado por la Fiscalía General de la República de traición a la patria.

«Fue muy irresponsable. ¿Cómo un fiscal que tiene la responsabilidad de la procuración de justicia es el primero que viola la ley?».

El exfuncionario fue arrestado el sábado por elementos de la Fiscalía estatal de Chihuahua que él comandó hasta abril de este año, cuando dejó el cargo en medio de las investigaciones que lo señalan por ejercicio ilegal de funciones y por sustraer o destruir información o documentos que estaban bajo su custodia.

La presidenta precisó que existe un reconocimiento de la autoridad de Chihuahua de que el exfiscal fue el principal responsable de la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo en la Sierra Tarahumara para revisar un laboratorio, porque en realidad los estadounidenses ni siquiera tienen atribuciones para desmantelar un laboratorio: esas facultades corresponden a la Fiscalía General de la República.

El caso contra el exfiscal se remonta al trágico accidente carretero en Chihuahua en el que murieron dos elementos de la CIA, un suceso que puso al descubierto sus actividades ilegales en territorio nacional. En México, la colaboración con autoridades extranjeras en materia de seguridad está muy regulada, y mucho más cuando se trata de agencias de Estados Unidos, en un momento en el que el Gobierno de Sheinbaum ha advertido señales de injerencismo y amenazas a la soberanía de parte de Washington con el pretexto del combate al «narcoterrorismo».

En el accidente, ocurrido en una carretera que serpentea entre los desfiladeros de la Sierra Tarahumara, también murieron dos elementos de la Fiscalía estatal. El grupo regresaba de un operativo en el que se desmanteló un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, a mediados de abril.

Al principio, el Gobierno estatal dio versiones cuanto menos dudosas:

• Primero, se ocultó el vínculo de los estadounidenses con la CIA y se dijo que eran trabajadores de la embajada realizando labores de adiestramiento.
• Luego, se afirmó que los agentes no participaron en el operativo, sino que se encontraron con los funcionarios de la Fiscalía cuando éstos iban de regreso a la capital y abordaron su vehículo.

La verosimilitud de esas historias se puso en duda por el hecho de que los miembros de la CIA ingresaron a México de incógnito, con pasaportes diplomático y de turista.

El fin de semana, tanto la Fiscalía estatal como la federal señalaron que existen evidencias de que los dos estadounidenses sí participaron en aquel operativo antinarcóticos. Posteriormente se revelaron detalles de la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República, que sostienen que los dos agentes —Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black— participaron directamente en el operativo de desmantelamiento del laboratorio e iban armados.

La presidenta Sheinbaum fue categórica al describir la cadena de errores que derivó en la tragedia y en el colapso de las versiones oficiales:

«Fue muy irresponsable por decir lo menos, no solo por haber permitido la participación en contra de la ley de agentes extranjeros en un operativo en tierra, sino por la manera en que lo hicieron. O sea, ellos se van en la noche, en una carretera insegura, no en términos de delincuencia, sino porque es muy sinuosa, que hay que conocerla bien para poder ir en la noche, se vuelca el vehículo, tiene un accidente y fallecen dos personas extranjeras. Entonces, ¿cómo van en la noche a un operativo que ni siquiera tienen atribuciones para ir a ver un laboratorio? Eso también tiene que explicarse en este procedimiento».

Con la detención del exfiscal, la declaración de la gobernadora y el respaldo de la presidencia, el caso se convierte en uno de los más delicados del momento en el cruce entre soberanía nacional, inteligencia extranjera y política partidista en Chihuahua.