El amparo de Gilda Lozoya duró poco: la FGR lo impugna y la pelea judicial vuelve a arrancar
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La Fiscalía General de la República impugnó la suspensión que frenaba la vinculación a de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, en el marco del caso Agronitrogenados. La decisión suspende la audiencia constitucional prevista para el próximo 29 de octubre y deja el expediente a la espera de un tribunal colegiado.
La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el amparo que el juzgado concedió a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, contra su vinculación a en el caso Agronitrogenados, por presunto lavado de dinero.
El recurso de queja presentado por la Fiscalía contra la resolución judicial frena el trámite constitucional y pospone la audiencia que estaba programada para el próximo jueves 29 de octubre. Mientras el tribunal colegiado no resuelva, el procedimiento de amparar permanecerá suspendido y no hay una fecha definida para retomar la audiencia.
La impugnación se dirige contra la suspensión definitiva que un juez otorgó a Lozoya Austin, la cual frenaba los efectos de la vinculación a dictada el 7 de julio de 2026. Un tribunal colegiado deberá determinar si confirma, modifica o revoca esa decisión.
La acusación en contra de Gilda Lozoya se centra en su supuesta participación en operaciones para triangular 3.4 millones de dólares que su hermano, Emilio Lozoya Austin, habría recibido como soborno del empresario Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA).
Ese pago se habría entregado a cambio de que Pemex adquiriera la planta de fertilizantes Agronitrogenados. La operación se concretó en diciembre de 2013, cuando la petrolera pagó 257 millones de dólares por una instalación cuya valuación oficial era de apenas 58 millones de dólares.
La FGR señala que Gilda Lozoya se convirtió en beneficiaria de una empresa mediante una cesión de derechos realizada por su hermano. Entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012 habría recibido cinco transferencias bancarias provenientes de una empresa propiedad de Ancira, parte de las cuales fueron transferidas posteriormente a otra persona.
Gilda Lozoya fue detenida el 1 de julio de 2026 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al regresar de Ámsterdam. La orden de aprehensión en su contra había sido emitida desde junio de 2023, es decir, más de tres años antes de su captura.
Tras su detención, fue vinculada a por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, la jueza de control Nora Ileana García Peralta rechazó la petición de la FGR de enviarla a prisión preventiva.
Durante una audiencia de más de diez horas, la juzgadora desestimó los 18 nuevos elementos que presentó la Fiscalía para acreditar un riesgo de fuga. García Peralta calificó como inadmisible la obtención, sin orden judicial, de datos bancarios usados como prueba de ese riesgo.
La jueza aclaró que esta decisión no implica impunidad y que el penal continúa.
Como resultado, Lozoya Austin enfrenta el en libertad, aunque sujeta a medidas cautelares: brazalete electrónico, firma quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares y retención de su pasaporte.
El caso Agronitrogenados es uno de los expedientes de corrupción vinculados a la gestión de Emilio Lozoya al frente de Pemex, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El 25 de mayo de 2019 se libraron órdenes de aprehensión contra Lozoya y Ancira.
Ancira fue detenido ese mismo año en España y posteriormente extraditado a México. Obtuvo su libertad tras firmar un acuerdo reparatorio en el que se comprometió a devolver más de 216 millones de dólares a Pemex. No obstante, la FGR confirmó que todavía resta un tercer y último pago pendiente.
Actualmente, Ancira reside en Estados Unidos tras concretar el acuerdo reparatorio.
Emilio Lozoya, por su parte, continúa enfrentando procesos penales abiertos, entre ellos el relacionado con el caso Odebrecht. La detención de su hermana reactivó el interés público en el expediente de Agronitrogenados, que había permanecido en un punto de estancamiento judicial.
Con la impugnación de la FGR, el caso vuelve a cruzarse con el sistema constitucional mexicano: un tribunal colegiado tendrá la última palabra sobre la validez del amparo y el futuro inmediato del contra Gilda Susana Lozoya Austin.
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