El Paquete Económico 2027 presentado por el gobierno de Claudia Sheinbaum revela una distancia profunda entre lo que el ejecutivo federal ha declarado como prioridad y lo que el presupuesto efectivamente refleja: mientras la Comisión Nacional de Búsqueda enfrenta un recorte de 39 millones de pesos, la Guardia Nacional recibiría 7,054 millones de pesos adicionales, lo que equivale a un incremento de 28.9% respecto del ejercicio anterior.

El análisis, elaborado por el Centro de Análisis e Investigación Fundar y titulado "Crisis de Justicia, Forense y Seguridad: Recortes y Apuestas (demasiado tímidas)", documenta que la CNB dispondría de 1,223 millones de pesos en 2027, una caída de 3.2% respecto de 2026. En contraste, la Guardia Nacional alcanzaría un presupuesto total de 31,487 millones de pesos.

El ajuste resulta más doloroso al examinar dónde exactamente se produce el recorte. Aproximadamente 36 millones de pesos provienen de la partida de subsidios para las comisiones locales de búsqueda, que quedarían en 889 millones, con una disminución de 3.8%. Esas comisiones son precisamente las que ejecutan sobre el terreno la búsqueda de personas con vida, la localización de restos humanos, la identificación forense y la notificación digna a las familias que llevan años esperando respuestas.

La otra parte del ajuste corresponde a las actividades de búsqueda en casos federales a cargo de la propia CNB, que perderían alrededor de cuatro millones de pesos, pasando de 339 millones en 2026 a una asignación menor.

"Estos descensos presupuestarios son preocupantes por varias razones. Por un lado, porque contrasta con la narrativa de la asociación de las desapariciones a fenómenos criminales locales. Por otro lado, porque las Comisiones Locales de Búsqueda funcionan con base a esos subsidios, con los cuales deben operar la búsqueda en vida y forense, así como estrategias de identificación y notificación digna", advierte Fundar en su documento.

La decisión presupuestal se toma en un contexto de crisis humanitaria sin precedentes en la historia reciente del país. México supera las 135,000 víctimas de desaparición. Organizaciones civiles como Fundar y Documenta han estimado que al menos 79,000 cuerpos sin identificar se encuentran bajo resguardo de las fiscalías en todo el territorio nacional.

La tendencia histórica del presupuesto de la CNB confirma que la reducción para 2027 no es un accidente aislado, sino la continuación de una política de recortes que solo se interrumpió en dos ocasiones: en 2020, cuando el presupuesto creció 71.8% tras la creación de la Comisión, y en 2023, cuando aumentó 40.2% tras una relevante a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.

Identificación forense: fondo insuficiente y sin trazabilidad

Parte de los recursos que sostienen la identificación forense proviene del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, cuyo presupuesto para 2027 apenas crecerá 1%, equivalente a poco más de 99 millones de pesos. Para Fundar, ese aumento es manifiestamente insuficiente para sostener una política nacional de identificación.

"Son claramente insuficientes para hablar de una apuesta por una política forense sostenida, puesto que dicho fondo no sólo atiende la materia forense y no es posible afirmar que la totalidad de esos recursos redundarán en estrategias de identificación", sostiene el análisis.

En el ámbito federal, Fundar también identificó diferencias significativas entre las instituciones periciales. El Centro Federal Pericial Forense, dependiente de la Fiscalía General de la República, recibiría un incremento de 13.2%. Sin embargo, la Unidad Médico-Forense, también adscrita a la FGR, enfrentaría una reducción y contaría con apenas 8 millones de pesos para operar.

Respecto de la Plataforma Única de Identidad, una herramienta gubernamental para la búsqueda de personas, Fundar advierte que no existe claridad sobre los recursos específicos que se destinarán a su funcionamiento. La plataforma depende de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Antonio Peña Merino, cuyo presupuesto aumentaría 322 millones de pesos, equivalente a 8%.

"Carecen de trazabilidad suficiente los recursos para saber cuánto de este presupuesto será utilizado para la PUI", señala el documento.

Fiscalías especializadas: incrementos que se ven diminutos al lado de la delincuencia organizada

El análisis también examina el presupuesto de las fiscalías especializadas en violaciones graves a derechos humanos. La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos tendría un aumento de 9% para alcanzar 546 millones de pesos. La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada recibiría un incremento de 64.4%, con una asignación de 45 millones. Los recursos para la investigación de delitos de tortura aumentarían 53.6%, hasta 34 millones.

Sin embargo, Fundar advierte que esos incrementos se ven opacados al contrastarlos con las asignaciones de otras áreas de la investigación penal. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada contaría con 761.9 millones de pesos, tras un aumento de 12.6%. Los 45 millones destinados a la fiscalía de desaparición forzada representarían apenas el 5.9% de lo asignado a la fiscalía de delincuencia organizada.

Para Fundar, esa diferencia es incoherente con el propio discurso del gobierno federal, que ha vinculado las desapariciones con la actuación de organizaciones criminales. Si ambos fenómenos están conectados, sostiene la organización, las capacidades y recursos deberían guardar una correspondencia mayor.

Atención a víctimas: crecimiento del 8% frente a un alza de 22% en víctimas

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas contaría con 1,230 millones de pesos en 2027, apenas 12 millones más que en 2026. De ese total, 726 millones se destinarían a medidas de ayuda, asistencia y atención a víctimas, un incremento de 8% respecto del ejercicio anterior.

Fundar contrasta ese crecimiento con las mediciones más recientes de víctimas registradas en el país, que en noviembre de 2025 mostraban un aumento anual de 22%. La distancia entre el crecimiento de la población que requiere atención y los recursos previstos para atenderla constituye, otro de los problemas centrales del proyecto presupuestal.

Seguridad centralizada: la apuesta que sí se paga

Mientras las instituciones encargadas de la búsqueda y la atención a víctimas enfrentan recortes o incrementos marginales, el proyecto de presupuesto para 2027 consolida una política de seguridad centralizada con un fuerte componente militar.

La Guardia Nacional recibiría 7,054 millones de pesos adicionales para alcanzar un presupuesto total de 31,487 millones. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, registraría un aumento de 1,972 millones de pesos, equivalente a 3.2%, revirtiendo la tendencia de reducción que había mantenido desde 2023.

En contraste, las fiscalías estatales y los recursos locales para búsqueda e investigación se mantienen limitados, consolidando lo que Fundar describe como una política centralizada con enfoque altamente militarizado.

"El Paquete Económico 2027 muestra un divorcio entre la investigación en materia de derechos humanos, búsqueda de personas, crisis forense y políticas de seguridad local", concluye Fundar.

El contexto internacional: ONU examina a México

La revisión de los recursos destinados a la crisis de desapariciones ocurre en vísperas del informe anual que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas presentará el martes 20 de octubre en Nueva York.

En ese marco, el comité ha solicitado al secretario general de la ONU, António Guterres, que examine la posibilidad de establecer mecanismos internacionales de asistencia frente a la situación de desapariciones en México. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha rechazado que en el país exista una política estatal de desapariciones forzadas y ha manifestado su oposición a una intervención internacional en los términos planteados.

Mientras el organismo internacional mantiene bajo examen la magnitud de la crisis, Fundar insiste en que las asignaciones presupuestales del Paquete Económico 2027 deben evaluarse a partir de las necesidades reales de las instituciones responsables de investigar desapariciones, localizar personas, identificar cuerpos y atender a sus familiares.

"Una apuesta decidida por la verdad, la justicia y reparación sólo puede existir si la política pública en materia de seguridad, acceso a la justicia, búsqueda y crisis forense, así como la atención victimal, son coherentes política y presupuestariamente", sostiene la organización.