Francia volvió a prenderse fuego. Decenas de miles de personas tomaron las calles de todo el país este sábado para protestar contra el encarecimiento de la vida, el precio de los combustibles y la pérdida de poder adquisitivo, pero lo que empezó como una movilización social terminó convertida en una jornada marcada por los enfrentamientos, los incendios y los saqueos.

La convocatoria reunió a al menos 500 mil personas en todo el territorio francés, a seis meses exactos de las elecciones presidenciales. Sin embargo, las estimaciones oficiales del Ministerio del Interior situaron en 150 mil el número de manifestantes fuera de la región parisina, una cifra que evidencia la enorme brecha entre el relato sindical y el gubernamental.

El punto más crítico de la jornada se registró en París, donde varios cientos de personas se enfrentaron a las fuerzas de seguridad en la plaza de la República antes siquiera de que comenzara la manifestación principal. Manifestantes con el rostro cubierto prendieron fuego a varios automóviles y protagonizaron violentos choques con los agentes del orden.

La cabecera de la marcha autorizada avanzó de manera relativamente ordenada por el recorrido previsto hacia la plaza de Clichy, pero otros grupos se desplazaron por la capital sin autorización alguna. Uno de ellos intentó llegar hasta el Palacio del Elíseo, la sede del presidente Emmanuel Macron, en una zona donde las manifestaciones están expresamente prohibidas.

Para contener a estos grupos, las autoridades activaron la CRS 8, una unidad especializada en la lucha contra la violencia urbana. El ministro del Interior, Laurent Núñez, había movilizado preventivamente a 10 mil policías y gendarmes en todo el país, de los cuales 5 mil fueron desplegados en la capital francesa.

En Lyon, la situación se agravó en la céntrica plaza de Bellecour, donde una oficina de turismo fue saqueada e incendiada. Los enfrentamientos entre alborotadores y la policía se sucedieron en oleadas sucesivas. Los agentes recurrieron al gas lacrimógeno y a un cañón de agua, mientras los bomberos enfrentaban dificultades para acceder al lugar y controlar las llamas.

En Marsella, la segunda ciudad más grande de Francia, decenas de manifestantes forzaron las puertas del Ayuntamiento e irrumpieron en el vestíbulo, donde causaron daños y realizaron pintas antes de ser desalojados por la policía. Durante el incidente, un busto de Marianne, símbolo de la República francesa, fue derribado y sufrió desperfectos.

El alcalde de Marsella, Benoît Payan, condenó enérgicamente los hechos y advirtió sobre el impacto político de la violencia.

"Es inaceptable utilizar este tipo de reivindicaciones para entrar, romper y destruir el cemento que nos une como nación"

Payan calificó a los violentos de "tontos útiles de la extrema derecha", al considerar que sus acciones refuerzan el discurso político de la ultraderecha sobre la inseguridad. El alcalde, independiente de izquierdas, reveló que el presidente Macron le garantizó el envío inmediato de refuerzos policiales, específicamente dos compañías adicionales de antidisturbios.

También en Marsella se registraron daños en comercios y en una comisaría de la policía municipal, lo que evidencia la magnitud del descontrol que vivió la ciudad durante la jornada.

El primer incidente grave del día se produjo a primera hora en Ruán, donde un incendio que afectó la fachada de un edificio universitario está siendo investigado como un posible acto delictivo. Las autoridades también denunciaron incidentes en Rennes, Toulouse y Angers, entre muchas otras ciudades, con ataques contra las fuerzas del orden, saqueos e incendios de mobiliario urbano.

La convocatoria surgió de un video viral publicado en TikTok a comienzos de septiembre que capturó el descontento creciente ante el aumento de los precios de la gasolina y el costo de la vida. Sus promotores buscaron deliberadamente recuperar el impulso del movimiento de los chalecos amarillos de 2018 y 2019, que marcó de forma indeleble el primer mandato de Macron.

La fecha del 17 de octubre cobró fuerza en redes sociales después de un video publicado el pasado 7 de septiembre. La movilización atrajo a un amplio espectro social: estudiantes, trabajadores, jubilados, agricultores, activistas climáticos y militantes antifascistas se unieron a la convocatoria, que también coincidió con protestas estudiantiles iniciadas en septiembre para exigir mejores condiciones educativas.

En el terreno político, la jornada se convirtió en un campo de batalla electoral. El líder de La Francia Insumisa y candidato presidencial, Jean-Luc Mélenchon, encabezó la cabecera de la marcha parisina. La ultraderechista Marine Le Pen, también aspirante al Elíseo, acusó a Mélenchon de "legitimar la violencia" y buscar "precipitar al país en el caos".

El delfín de Le Pen, Jordan Bardella, calificó a los responsables de los incidentes como "profesionales del caos" y acusó a la extrema izquierda de desacreditar las reivindicaciones sociales. Mélenchon, por su parte, criticó la cobertura televisiva de los disturbios y subrayó el carácter pacífico de numerosas concentraciones.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, tenía prevista una reunión de la célula interministerial de crisis para evaluar la situación y definir las medidas de contención ante lo que ya se perfila como una de las jornadas más convulsivas del país en los últimos años.