El juicio oral y público por los casos Hotesur y Los Sauces siguió avanzando en su segunda audiencia en el Tribunal Oral Federal 5 de Argentina, con la lectura continuada del requerimiento de elevación a juicio. A lo largo de las sesiones del viernes y este lunes, la acusación judicial reconstruyó con detalle minucioso el mecanismo mediante el cual Lázaro Báez, empresario santacruceño y antiguo empleado bancario, se convirtió en el instrumento que permitió a la familia Kirchner reciclar fondos de obra pública a su patrimonio privado.

Las acusaciones ubicaron a Báez no solo como el mayor contratista vial de la provincia de Santa Cruz, sino directamente como el "amigo personal y socio comercial de los ex presidentes", una calificación que desarma la tesis sostenida durante años por Cristina Kirchner.

"Nunca fue mi socio, no somos amigos ni lo seremos", declaró en su momento la expresidenta.

La justicia, sin embargo, no juzga amistades: lo que da por corroborada es una sociedad patrimonial que generó incrementos mutuos de fortuna documentados en el expediente.

El punto de partida de toda la maniobra fue la formación de una sociedad comercial que "permitiera ser utilizada por los integrantes de la familia Kirchner para diseñar y ejecutar la maniobra de lavado de activos que se proponían encarar junto con los empresarios amigos".

El punto de partida personal de Báez fue igualmente documentado: cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia en 2003, el empresario era un empleado bancario con un patrimonio de poco más de 800.000 pesos. En pocos años llegó a concentrar el 80% de los contratos viales de Santa Cruz por más de 16.000 millones de pesos a valores históricos.

La instrucción judicial estableció que el flujo de dinero desde el erario público hacia las empresas del Grupo Austral se produjo "en simultáneo a que desde el Estado los propios ex presidentes le garantizaban a las empresas del Grupo Báez el mayor flujo de fondos como consecuencia de la asignación de obra pública vial en Santa Cruz", tal como quedó acreditado en la causa conexa por fraude a Vialidad Nacional.

Entre 2006 y 2008, las empresas del Grupo Austral resultaron adjudicatarias de contratos viales en suelo santacruceño por más de tres mil millones de pesos. Al dictarse la condena en el caso Vialidad, esa cifra se actualizó a 85.000 millones de pesos.

La acusación reconstruyó con precisión de relojero cada eslabón de la cadena.

El circuito cerrado: constructor, locatario y financista en uno

Una vez garantizado ese flujo millonario desde la Dirección Nacional de Vialidad, Báez actuó como "constructor cautivo" de la familia Kirchner. La fiscalía expuso una operación concreta que ilustra el mecanismo: en noviembre de 2008, mientras el matrimonio presidencial aportaba a Los Sauces dos terrenos en Río Gallegos valuados a un precio irrisorio de 13.500 pesos cada uno, la constructora Loscalzo y Del Curto —propiedad de Báez— ya levantaba allí dos complejos de cuatro departamentos con un 60% de avance de obra, facturándole a la sociedad familiar 4.185.683,65 pesos por las edificaciones.

La fase definitiva del reciclaje se completó con lo que la acusación describió como simulación sistemática de contratos de arrendamiento. Apenas terminadas las obras, Báez alquiló todos los departamentos a través de sus propias firmas: Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, y Austral Construcciones. Además, administraba el Hotel La Aldea del Chaltén mediante la gerenciadora Valle Mitre.

Así se aseguró, un circuito cerrado y continuo en el que Báez oficiaba al unísono de financista del capital inicial, constructor de las propiedades y locatario cautivo para devolver los fondos públicos con ropaje de alquileres legítimos.

Subvaluaciones, donaciones encubiertas y transferencias directas

El expediente detalló varias operaciones patrimoniales entre los Kirchner y Báez que la acusación califica como mecanismos de transferencia encubierta. Entre las más relevantes:

• Terreno en Alvear 391, Río Gallegos: los peritajes oficiales del Tribunal de Tasaciones de la Nación establecieron que el predio de 318,9 metros cuadrados tenía un valor real de 821.320 pesos. En la operación fue valuado en 13.500 pesos.
• Transferencia directa: el dueño del Grupo Austral le transfirió 317.000 pesos desde su constructora insignia a la expresidenta. Con ese efectivo y aportes de Néstor Kirchner, Los Sauces S.A. Canceló la compra del piso 4° "L" del complejo Madero Center, una unidad de 426,21 metros cuadrados con cocheras y baulera.
• Madero Center antes de la escritura: mucho antes de que la escrituración se formalizara en 2011, el inmueble ya había sido volcado al circuito de reciclaje mediante contratos de alquiler con Álcalis de la Patagonia —empresa del Grupo Indalo— por más de 4,6 millones de pesos.
• Terreno de 1.250 m² en Río Gallegos: en junio de 2010, la inmobiliaria de Cristina Kirchner incorporó "sin contraprestación alguna" un predio que pertenecía a Austral Construcciones. Aunque figurara como compraventa formal, la operación valuada en 97.000 dólares fue "una simulación a los fines de ocultar una donación" de la principal empresa de Báez.

El 27 de mayo de 2010, el entonces presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, encabezó una reunión de directorio en la que resolvió desprenderse del predio argumentando que el inmueble "ha dejado de ser necesario a los fines del cumplimiento del objeto social".

La misma película, otro director: Grupo Indalo

La acusación también señaló que una matriz idéntica se replicó de manera paralela con las empresas del Grupo Indalo, comandadas por Cristóbal López y Fabián De Sousa. La fiscalía sostiene que ambos grupos empresariales operaron bajo la misma lógica: obra pública como origen del dinero, propiedades y activos como destino, y alquileres ficticios como mecanismo de retorno.

Lo que el expediente dice de la correlación

Las cifras volcadas en el expediente reflejan con "exactitud la correlación entre las decisiones del Poder Ejecutivo y el crecimiento patrimonial familiar", según reza el requerimiento de elevación a juicio. Para ese incremento en la fortuna de Néstor y Cristina Kirchner, Lázaro Báez cumplió un rol que la acusación califica de preponderante: le transfirió los fondos necesarios para adquirir las propiedades, terrenos y hoteles que luego sirvieron para montar la estructura que garantizó el retorno del dinero público mediante contratos de alquiler sistemáticos y permanentes a favor de sus firmas.

El continúa y las próximas audiencias profundizarán en la exposición de pruebas y testimonios. Lo que ya está claro en el expediente es que el mecanismo descrito por la acusación no fue improvisado: fue un circuito financiero diseñado para que el dinero público hiciera el viaje completo —del erario a la empresa privada, de la empresa privada a la propiedad familiar, de la propiedad familiar de vuelta a las arcas del empresario mediante alquileres ficticios— todo con apariencia de operaciones comerciales perfectamente legales.