Una jueza de Florida ordenó el arresto del exgobernante cubano Raúl Castro, tras considerar que existe evidencia suficiente para procesarlo por conspiración de homicidio en primer grado en relación con el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido en febrero de 1996.

La orden judicial fue emitida el 19 de octubre y señala a Raúl Castro —quien sucedió a su hermano Fidel como presidente de Cuba entre 2008 y 2018— como presunto conspirador del ataque aéreo que acabó con la vida de cuatro pilotos de la agrupación cubano-estadounidense con sede en Miami.

Hermanos al Rescate fue una organización que realizaba vuelos sobre territorio cubano para lanzar volantes en contra del gobierno de La Habana. El 24 de febrero de 1996, dos de sus avionetas fueron derribadas por cazas de la Fuerza Aérea Cubana sobre el Estrecho de la Florida.

En ese ataque perdieron la vida los pilotos Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. El suceso provocó una crisis diplomática sin precedentes entre Estados Unidos y Cuba, y aceleró la aprobación de la Ley Helms-Burton, que endureció el embargo económico estadounidense contra la isla.

La figura de la conspiración para homicidio en primer grado implica que la justicia estadounidense considera que el ataque no fue una acción aislada ni improvisada, sino el resultado de una coordinación y planificación previa a la que habría contribuido el exgobernante cubano.

No obstante, la ejecución efectiva de la orden de arresto se enfrenta a obstáculos prácticos de enorme calibre: Cuba no mantiene tratados de extradición con Estados Unidos, y Raúl Castro se encuentra resguardado en La Habana, fuera del alcance de la jurisdicción estadounidense.

El desarrollo judicial se produce en un momento de tensiones renovadas entre Washington y La Habana, y abre una nueva pregunta jurídica y diplomática: si la orden viaja más lejos que la avioneta que nunca regresó a Miami.